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José Luis FaríasOpinión

«Orfandad», por José Luis Farías

Sin Presidente, sin Gobierno: la nación espera en el limbo. Es el vacío de la soberanía.

La Asamblea Nacional ha consumado, por omisión, un acto de renuncia tácita a sus deberes esenciales. No decidió la prórroga ajustada al artículo 234 de la Constitución, que habría permitido a Delcy Rodríguez, en su condición de encargada por el Tribunal Supremo de Justicia, ejercer por noventa (90) días más la continuidad administrativa del Gobierno. Tampoco declaró la falta absoluta de Nicolás Maduro, ausente del territorio nacional y detenido en una prisión de los Estados Unidos, a pesar de que la Sentencia del TSJ del 3 de enero —como consecuencia jurídica de una situación de facto originada en los sucesos de aquella madrugada— puso en sus manos esa obligación; mas no halló respuesta alguna en el Parlamento.

El resultado es uno solo, pero de gravedad mayúscula: el país se ha quedado sin Presidente y sin Gobierno. La inacción legislativa no es un silencio inocente; es una decisión que profundiza el abismo institucional.

Frente a esta orfandad de poder legítimo, no hay atajos ni ficciones que valgan. La única salida posible, la única compatible con la lógica del Estado de derecho, es el llamado inmediato a elecciones presidenciales, pues la Carta Magna establece en modo cardinal en su artículo 5 que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto, y que dicho ejercicio es intransferible. Solo así se podrá restituir el hilo constitucional roto. Para ello, es imperativo que los actores políticos de la Asamblea Nacional se aboquen sin demora a crear las condiciones que exige un proceso electoral íntegro, con un árbitro cuya solvencia moral y técnica garantice la pulcritud de unos comicios que aseguren la reinstitucionalización del país —esto es: instituciones legítimas, poderes públicos independientes y restablecimiento pleno del Estado de derecho.

Porque cuando la ley calla y el poder se ausenta, no queda más remedio que apelar a la última fuente legítima del orden: la voluntad popular expresada en las urnas. Cualquier otra cosa sería prolongar la agonía de la República y la perpetuación de poderes ilegítimos.

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