En los viejos regímenes autoritarios del siglo XX, el poder necesitaba una historia. El comunismo prometía el paraíso de los trabajadores; el fascismo, la grandeza nacional; incluso las dictaduras militares latinoamericanas se justificaban en nombre del orden y la modernización. Había siempre una promesa hacia adelante, una visión que exigía sacrificios en el presente a cambio de redención futura.
Ese lenguaje ha cambiado.
El nuevo autoritarismo —más sofisticado, más frío— ya no necesita convencerte de que el futuro será mejor. Solo necesita convencerte de que podría ser peor sin él.
Venezuela se ha convertido en uno de los laboratorios más claros de esta mutación.
En los últimos meses, el discurso del poder en Caracas ha abandonado cualquier pretensión de legitimidad democrática. No hay promesas de elecciones libres en el corto plazo, ni intentos serios de reconstruir una narrativa ideológica. En su lugar, ha emergido algo distinto: una lógica administrativa del poder.
No es un régimen que pida creer. Es un régimen que pide aceptar.
La diferencia es sutil, pero decisiva. Creer implica adhesión; aceptar implica resignación.
El mensaje central es repetido con variaciones mínimas: el país ha sufrido demasiado, el colapso estuvo cerca, la estabilidad es frágil. Bajo esa premisa, la libertad se presenta como un lujo peligroso, la democracia como una variable secundaria, y el orden como un bien superior.
Esta no es una anomalía venezolana. Es parte de una tendencia más amplia que ya hemos visto en otras latitudes: gobiernos que, tras perder legitimidad electoral o moral, reconstruyen su poder no a través del entusiasmo, sino del agotamiento social.
Para entender por qué este tipo de discurso funciona, hay que mirar menos la política y más la psicología.
Durante años, los venezolanos han vivido en lo que los economistas conductuales llaman un “dominio de pérdida”. Han perdido ingresos, servicios básicos, seguridad, instituciones. Han perdido, en muchos casos, el país mismo: millones han emigrado.
Cuando una sociedad vive en pérdida prolongada, cambia la manera en que toma decisiones. Ya no busca maximizar beneficios; busca minimizar daños. Ya no exige ideales; tolera lo suficiente para no empeorar.
El nuevo discurso del poder está calibrado con precisión para explotar ese estado mental. No ofrece prosperidad, porque eso implicaría una promesa verificable. Ofrece contención. No promete libertad, porque eso requeriría legitimidad. Promete que el deterioro no será peor.
Es un contrato implícito: obediencia a cambio de estabilidad.
Pero la narrativa no se sostiene solo en el miedo. También se apoya en una cuidadosa reconstrucción simbólica.
Las figuras del poder han aprendido a hablar en términos que evocan protección, no autoridad. Se presentan como administradores prudentes, como guardianes que evitan el colapso. El enemigo —externo o difuso— sigue siendo necesario, no tanto para movilizar entusiasmo como para justificar restricciones.
Este lenguaje no busca movilizar a la sociedad; busca desmovilizarla.
Y funciona precisamente porque no exige mucho. No pide lealtad ideológica, ni participación política, ni sacrificios heroicos. Solo pide algo más sencillo: que la gente no desafíe el sistema.
Al mismo tiempo, el régimen ha desplazado el eje del debate político. En una democracia, la pregunta central es quién tiene la legitimidad para gobernar. En este nuevo marco, esa pregunta se vuelve irrelevante.
La cuestión pasa a ser otra: ¿quién puede administrar mejor la crisis?
Es un cambio semántico con consecuencias profundas. Cuando la política se reduce a gestión, la legitimidad se vuelve un detalle técnico. El fraude electoral deja de ser un escándalo central y se convierte en una incomodidad secundaria frente a la urgencia de la estabilidad.
Así, la democracia no es derrotada frontalmente. Es desplazada.
Este desplazamiento tiene también una dimensión internacional.
Venezuela ya no es vista únicamente como un problema político, sino como una pieza dentro de un sistema energético global. En ese contexto, el petróleo deja de ser un recurso económico para convertirse en un instrumento de negociación, de acceso, de influencia.
El mensaje hacia el exterior es claro: el régimen puede no ser legítimo, pero es funcional.
Puede garantizar ciertos niveles de producción, facilitar acuerdos, contribuir a la estabilidad de mercados. Y en un mundo marcado por crisis energéticas y conflictos geopolíticos, la funcionalidad a menudo pesa más que la legitimidad.
Esta lógica no es nueva, pero en Venezuela se expresa de manera particularmente cruda. La estabilidad sin democracia se convierte en una oferta aceptable —incluso atractiva— para actores internacionales que priorizan resultados inmediatos sobre principios abstractos.
Nada de esto sería posible sin una transformación previa: la pérdida de hegemonía.
El poder en Venezuela ya no representa a la mayoría, y lo sabe. Las evidencias electorales, las encuestas y la realidad social apuntan en la misma dirección. Pero la pérdida de hegemonía no implica automáticamente la pérdida de control.
Aquí reside la clave del momento actual. El régimen no intenta recuperar el apoyo masivo. Intenta construir una nueva normalidad donde ese apoyo ya no sea necesario.
En lugar de hegemonía, ofrece gobernabilidad. En lugar de legitimidad, control. En lugar de futuro, continuidad.
La pregunta, entonces, no es si este modelo es sostenible en el largo plazo. La historia sugiere que no lo es. Ningún sistema basado en la contención permanente puede evitar indefinidamente las presiones acumuladas de una sociedad que aspira a algo más.
La pregunta más urgente es otra: cuánto tiempo puede durar.
Y la respuesta dependerá de factores que van más allá de Venezuela: la evolución del contexto internacional, las prioridades de las potencias, la capacidad de la sociedad civil para reorganizarse, y, sobre todo, la persistencia de una idea que aún no ha sido completamente extinguida.
La idea de que la política no es solo administración del daño, sino la construcción de un futuro compartido.
El nuevo autoritarismo no necesita que creas en él. Solo necesita que dejes de creer en la alternativa.
Ese es su mayor logro. Y su mayor debilidad.
Porque mientras exista la memoria de lo que significa elegir —de lo que significa decidir el propio destino—, el contrato de la resignación seguirá siendo, en el fondo, inestable.
Incluso en los sistemas más controlados, hay algo que no puede ser administrado indefinidamente: la expectativa de libertad.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
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