Tras 28 años de amiguismo, de palancas y arribismo en el pleno ejercicio del gobierno casi se nos olvida la importancia que tiene elegir o designar en los cargos públicos a ciudadanos con un mínimo de conocimientos y experiencia en la materia que se trate. Hemos tenido militares como Ministros de Petróleo y como Ministros de Salud, hace apenas unos días el que fuera Ministro de Defensa durante una década, fue designado Ministro de Agricultura y Tierras. Lo propio ocurre aguas abajo, hay docentes que no estudiaron educación, médicos que no están colegiados, catedráticos universitarios que no han publicado ni un copy en Instagram, funcionarios públicos que ni siquiera saben qué cosa es un concurso de oposición. Eso sí, son leales hasta el tuétano, lo mismo piden #FreeAlexSaab, como #DevuelvanAMaduro o #VivaTrump, no importa cuál sea la consigna con tal de permanecer en el puesto, o que les den otro, sin rubor, sin sentido del deber y sin percatarse del daño causado a los demás.
¿Será muy difícil tener en el Ministerio de Salud a alguien que valore la publicación completa y periódica del Boletín Epidemiológico Nacional? ¿Será muy difícil que antes que un militar, un filósofo, o un fisiatra, el Ministro de Agricultura sea un productor agrícola o, al menos, un ingeniero agrónomo?. Lo mismo ocurre con la designación del nuevo Fiscal General de la República, nada más y nada menos que el funcionario que, de conformidad con la Constitución Nacional, es el titular de la acción penal. Pues bien, ese funcionario debería hacer compatible el funcionamiento del Ministerio Público con los estándares hemisféricos en materia de DDHH, debería regresar a Venezuela al Sistema Interamericano de DDHH, permitir la visita de la CIDH y lograr la complementariedad de nuestra justicia con la CorteIDH. Nada que ver, nuestro nuevo fiscal, como lo demuestra su trayectoria, rechaza la membresía de Venezuela en la OEA y los derechos consagrados en la Convención Americana.
No solo se necesita gente competente en los cargos sino, además, personas comprometidas con tomar decisiones compatibles con las necesidades de la gente. Fíjense, en mi municipio, cosa que sucede también en los demás, el 70% de las comunidades carecen de agua, sin embargo, nunca se aprobó un presupuesto participativo (de haberlo hecho, se hubiera previsto la compra de bombas, tuberías y demás previsiones relacionadas), ni tampoco un Plan de Desarrollo Urbano Local para prever las inversiones de cara a un crecimiento planificado y armónico de la ciudad, nada de eso, contrariamente, si ha habido “inversión” en eventos, festividades, conciertos y demás espectáculos públicos. Eso es posible porque en los cargos se premia la lealtad, el aplauso y al jalamecate, a aquellas personas que podrían recomendar lo que dicta el sentido común, se les dice fascistas, terroristas, imperialistas y demás.
Hay que empezar por lo obvio, si se necesita salud, hay que buscar un médico. Si se necesita resolver un problema económico, hay que recurrir a los economistas y a los contadores públicos, si se quiere una democracia, si se requiere el respeto a los derechos humanos, si se desea un país con instituciones sólidas y respetadas, se necesita, urgentemente, constituir un gobierno con autoridades legítimamente electas por el pueblo, como lo ordena la Constitución. Negarse a esto es afirmar que puede gobernar una persona no electa por voto popular y eso, señoras y señores, constituye un golpe de estado contra la forma republicana de gobierno.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
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