La historia de las democracias rara vez termina de forma abrupta en las últimas décadas. Pocas veces desaparecen bajo el ruido inmediato de los tanques o mediante la clausura instantánea de un parlamento. Con mayor frecuencia, las democracias se erosionan lentamente, absorbidas por arreglos híbridos que prometen orden, estabilidad y normalidad mientras aplazan indefinidamente la restitución plena de la soberanía popular.
Venezuela parece haber ingresado precisamente en esa zona gris.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la posterior designación de Donald Trump de Delcy Rodríguez como figura operativa del poder, el país no avanzó hacia una transición democrática clásica. En lugar de ello, emergió un modelo intermedio: un sistema de estabilización supervisada en el que coexisten apertura económica parcial, control político persistente y una creciente influencia externa sobre áreas estratégicas del Estado.
La disputa central de la Venezuela contemporánea no enfrenta únicamente a dos líderes. En realidad, confronta dos visiones profundamente distintas sobre qué significa “transición”. Una apuesta por la estabilidad antes que la democracia. La otra apuesta por la democracia como condición necesaria para la estabilidad.
El modelo Trump: orden antes que legitimidad
La estrategia impulsada por la administración Trump parte de una premisa fundamental: después de años de colapso económico, fragmentación institucional y deterioro social, la prioridad inmediata no puede ser una ruptura abrupta, sino evitar el caos. En este esquema, la transición deja de ser un proceso de sustitución del régimen y pasa a convertirse en un mecanismo de administración controlada del poschavismo.
El objetivo principal no consiste en refundar el sistema político venezolano, sino en preservar suficiente gobernabilidad para incrementar la producción petrolera, contener la desintegración institucional y garantizar continuidad administrativa. La narrativa del socialismo del siglo XXI que dominó durante décadas comienza así a diluirse. La retórica ideológica es reemplazada por un discurso centrado en inversión extranjera, reconstrucción económica, pragmatismo administrativo y recuperación energética.
Sin embargo, bajo ese nuevo lenguaje, las estructuras esenciales del poder permanecen intactas. Las redes militares, judiciales y burocráticas continúan funcionando como mecanismos de control político. La diferencia es que ahora operan bajo una forma de supervisión parcialmente externalizada mediante licencias OFAC, monitoreo financiero internacional y acuerdos energéticos condicionados desde la Casa Blanca.
La paradoja es notable. El chavismo, construido históricamente sobre una defensa radical de la soberanía nacional, termina aceptando niveles de supervisión extranjera que en otro momento habría denunciado como intervención imperial. Pero esa aparente contradicción responde a una lógica de supervivencia. Cuando las élites perciben amenazas existenciales, se vuelven más flexibles y aceptan concesiones que antes resultaban impensables. La prioridad deja de ser la autonomía absoluta y pasa a ser la preservación del núcleo del poder.
En este contexto, Delcy Rodríguez aparece menos como heredera doctrinaria de Hugo Chávez y más como administradora pragmática de una transición incompleta. Su papel no consiste en restaurar el viejo orden revolucionario, sino en impedir el colapso definitivo del sistema mientras negocia su adaptación a un nuevo entorno internacional.
María Corina Machado: legitimidad antes que estabilidad
La visión de María Corina Machado parte de un diagnóstico completamente distinto. Para ella, la crisis venezolana no es simplemente económica ni administrativa. Es, ante todo, una crisis moral, institucional y política derivada de la captura del Estado por una estructura de poder que destruyó la separación de poderes y convirtió la renta petrolera en instrumento de dominación a través de la corrupción.
Por ello, su proyecto no busca administrar el sistema existente, sino desmontarlo. La transición, desde esta perspectiva, requiere una restitución plena de la soberanía popular, la reconstrucción institucional del Estado, garantías jurídicas estables y elecciones competitivas verificables. La democracia no aparece como objetivo lejano, sino como condición inicial para cualquier recuperación duradera.
Aquí emerge una de las grandes tensiones del momento venezolano. La premio Nobel de la Paz 2025 posee enorme legitimidad electoral y simbólica, respaldada tanto por amplios sectores de la sociedad como por gran parte de la diáspora y de la comunidad internacional democrática. Pero carece de control operativo inmediato sobre las instituciones coercitivas del Estado.
Delcy Rodríguez, en cambio, conserva control territorial, administrativo y burocrático, pero enfrenta un severo déficit de legitimidad popular. Venezuela queda así atrapada entre dos formas distintas de poder: legitimidad sin control institucional pleno y control institucional sin legitimidad democrática suficiente.
La apuesta de María Corina implica una transformación mucho más profunda. No se trata únicamente de cambiar gobiernos, sino de alterar la lógica histórica que convirtió al petróleo en herramienta de subordinación política, el Petroestado. Su propuesta apunta a reconstruir una cultura institucional basada en ciudadanía, propiedad privada, reglas estables, justicia independiente y límites efectivos al poder estatal.
El papel de Estados Unidos
Ninguna de estas dos visiones puede comprenderse sin analizar el papel de la Casa Blanca. La estrategia estadounidense hacia Venezuela ya no responde exclusivamente a una lógica de promoción democrática tradicional. En la actualidad, convergen prioridades mucho más amplias relacionadas con seguridad energética, control migratorio, combate al crimen organizado transnacional y competencia geopolítica con China.
Dentro de esa lógica, Venezuela deja de ser únicamente un problema de derechos humanos o de legitimidad electoral. Se convierte en una variable de seguridad hemisférica. Esa transformación explica por qué la administración Trump parece privilegiar estabilidad operativa y control territorial antes que una democratización inmediata.
Desde la perspectiva de Washington, el principal riesgo no es necesariamente la permanencia parcial de estructuras chavistas, sino la posibilidad de colapso estatal, fragmentación militar, interrupción petrolera o expansión de redes criminales regionales. Bajo esas condiciones, el modelo de estabilización impulsado por Delcy Rodríguez se vuelve funcional para objetivos estratégicos de corto plazo.
Sin embargo, ese pragmatismo también encierra un riesgo considerable. La estabilidad puede terminar consolidando una nueva modalidad de autoritarismo administrado, donde exista apertura económica parcial sin verdadera transformación democrática.
El riesgo de las transiciones congeladas
La experiencia comparada ofrece una advertencia importante: muchas democracias no fracasan únicamente porque los autoritarismos sean demasiado fuertes, sino porque las transiciones quedan atrapadas en estados intermedios que terminan normalizándose.
Los sistemas híbridos poseen una capacidad notable para producir cierta estabilidad económica mientras preservan estructuras políticas profundamente iliberales. Ese parece ser precisamente el riesgo venezolano.
La recuperación parcial de la economía podría generar incentivos para aceptar gradualmente un nuevo equilibrio caracterizado por elecciones indefinidamente postergadas, justicia selectiva, oposición tolerada pero limitada y apertura económica sin democratización plena. En otras palabras, el país podría reconstruirse materialmente sin reconstruirse institucionalmente.
El tiempo tiene aquí un papel decisivo. Mientras más se prolonga un modelo híbrido sin calendario político verificable -cronograma electoral-, más probable resulta su consolidación. Lo que inicialmente aparece como excepcional comienza a transformarse en normalidad. La estabilización provisional adquiere rasgos permanentes y la transición deja de percibirse como tránsito para convertirse en destino.
La batalla por el significado de la transición
La verdadera disputa venezolana no es solamente quién gobierna, sino qué significa realmente “transición”. Para el modelo tutelado, transición significa evitar el colapso mientras se reorganiza gradualmente el poder. Para el proyecto democrático liberal, transición significa devolver soberanía efectiva a los ciudadanos y reconstruir límites institucionales reales al ejercicio del poder.
Ambos proyectos ofrecen respuestas distintas al trauma venezolano. Uno privilegia orden y continuidad. El otro privilegia legitimidad y ruptura institucional. El problema es que estabilidad sin democratización puede convertirse en autoritarismo administrado, mientras que democratización sin capacidad operativa puede derivar en fragilidad e ingobernabilidad.
La Venezuela de 2026 permanece atrapada exactamente en esa tensión histórica.
Y allí reside la pregunta decisiva de esta etapa: si la estabilización actual constituye realmente un puente hacia la democracia o si, por el contrario, se está convirtiendo en el mecanismo mediante el cual el sistema aprende a sobrevivir sin ella.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
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