En un contexto de profunda destrucción institucional, el primer paso hacia la recuperación no debe ser la ejecución apresurada de políticas públicas, sino la garantía del control físico, administrativo y legal del Estado. El traspaso de mando que se vislumbra en Venezuela representa un momento crítico, un punto de inflexión donde la información sensible corre el riesgo inminente de ser extraviada, ocultada o destruida deliberadamente por quienes abandonan el poder.
Tras los encuentros formales para la transferencia de cargos, ya sean de elección popular o de libre nombramiento, cada nueva autoridad tiene el deber de constituir de inmediato un espacio crítico de seguridad. El objetivo primordial de esta acción es adecentar las líneas de mando desde los estratos superiores hacia las bases operativas, asegurando que la transición no sea un simple cambio de nombres, sino una toma de posesión efectiva y ética.
Para que esta maniobra sea exitosa, la autoridad entrante debe ser asistida por un Gerente de Recursos Humanos y un equipo auditor multidisciplinario conformado por economistas, administradores y abogados. Esta estructura da vida a lo que denominamos una Auditoría de Corte, donde la intervención del área de RR.HH. funciona como el primer escudo defensivo de la gestión.
En instituciones marcadas por una alta politización o un deterioro estructural severo, se deben ejecutar tres acciones de saneamiento inmediato: un censo de personal “activo” para identificar y desarticular nóminas paralelas de aquellos que perciben salarios sin prestar servicio; el resguardo exhaustivo de expedientes para asegurar la integridad de las hojas de vida y evitar la alteración de antecedentes; y la evaluación de cargos de confianza para sustituir los puestos de libre nombramiento que sean necesarios para garantizar la gobernabilidad.
La efectividad de este proceso reside en la triangulación del equipo auditor para detectar cualquier irregularidad de fondo. Mientras el economista analiza la viabilidad presupuestaria y el flujo de caja real frente a los compromisos heredados, el administrador se encarga de verificar inventarios, cuentas por pagar y el estado físico de activos críticos como vehículos, maquinarias y sistemas informáticos.
Por su parte, el abogado debe revisar la legalidad de contratos, convenios colectivos y el estatus de litigios en curso que puedan comprometer el patrimonio público. Es crucial entender que la función de los RR.HH. en esta etapa no busca el conflicto por el conflicto, sino sanear el clima organizacional sin paralizar la operatividad ni generar focos de resistencia que la estructura saliente pueda capitalizar como sabotaje.
Debe quedar claro que este procedimiento no es un trámite administrativo o burocrático normal, sino un evento de envergadura excepcional que marca la génesis de la reconstrucción. Aunque se rige estrictamente por las Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración Pública, promulgada en la Gaceta Oficial N° 39.229, la auditoría debe ejecutarse de inmediato por iniciativa de las nuevas autoridades.
Este proceso trasciende la rutina y comprende tres etapas fundamentales: el acto de entrega de los cargos, la auditoría propiamente dicha ejecutada en un tiempo perentorio, y el establecimiento final de responsabilidades legales o la correspondiente absolución administrativa.
Llevar a cabo este saneamiento bajo los más altos estándares de honestidad es, en última instancia, un regalo y un compromiso con el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.
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