La red de abusos sexuales y tráfico de mujeres vinculada a Jeffrey Epstein abre un nuevo capítulo tras el testimonio público de una superviviente que asegura haber sido violada por el financiero mientras este cumplía arresto domiciliario en Florida.
Por larazon.es
La declaración, realizada durante la primera audiencia del Congreso estadounidense centrada específicamente en las víctimas de Epstein, refuerza una acusación que durante años ha perseguido al sistema judicial norteamericano: que las autoridades permitieron que Epstein continuara explotando mujeres incluso después de su condena en 2008.
La testigo, identificada únicamente como Roza, explicó ante miembros demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes que fue trasladada desde Uzbekistán a Estados Unidos mediante una visa de talento gestionada presuntamente por una agencia de modelos relacionada con Epstein y con el cazatalentos francés Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022.
Llevada por una falsa promesa
Según relató, llegó al país con apenas 18 años y con la promesa de iniciar una carrera internacional en el mundo de la moda. Sin embargo, menos de un mes después fue enviada a la residencia de Epstein en West Palm Beach. “No tenía la documentación necesaria para obtener esa visa, estoy completamente segura”, declaró ante el comité. “Se suponía que debía estar en una celda, pero lo conocí en su casa. No estaba en la cárcel”.
Roza aseguró haber permanecido bajo el control de Epstein durante años, sufriendo abusos sexuales, coerción psicológica y explotación vinculada a su situación migratoria. Entre lágrimas, afirmó que el financiero seguía agrediéndola mientras cumplía arresto domiciliario por delitos sexuales relacionados con menores.
El acuerdo que cambió el caso
La audiencia celebrada en Palm Beach no solo buscó escuchar a las víctimas. También pretende examinar el controvertido acuerdo judicial alcanzado en 2008 entre Epstein y fiscales federales de Florida, considerado por numerosos juristas como uno de los pactos de no procesamiento más polémicos de la historia reciente estadounidense.
Entre 2005 y 2007, investigadores de Florida recopilaron pruebas y testimonios de al menos 34 víctimas en una acusación de 53 páginas que describía una presunta red sistemática de tráfico sexual y captación de menores.
Epstein evitó cargos federales por tráfico sexual gracias a un acuerdo negociado por Alexander Acosta, quien años después sería secretario de Trabajo durante la presidencia de Donald Trump.
El pacto permitió a Epstein declararse culpable únicamente de delitos estatales menores relacionados con prostitución, cumplir una condena reducida y obtener inmunidad frente a un proceso federal más amplio. Además, se le concedieron privilegios extraordinarios de “libertad condicional para trabajar”, que le permitían abandonar diariamente la cárcel del condado de Palm Beach.
Ese acuerdo no solo redujo el castigo, sino que permitió que la red continuara operando. “El acuerdo fue increíblemente inusual. En 30 años jamás había visto algo tan amplio para proteger a conspiradores anónimos”, declaró ante el comité el abogado Spencer Kuvin, representante de varias víctimas de Epstein.
Preferencia por mujeres asiáticas y de Europa del Este
Los documentos y registros financieros presentados durante la audiencia apuntan a que Epstein amplió sus operaciones internacionales tras su condena de 2008, concentrándose especialmente en mujeres procedentes de Europa del Este y Asia Central. Según los informes publicados por los legisladores demócratas, el financiero utilizó agencias de modelos, promesas laborales y vulnerabilidades migratorias para atraer y controlar a jóvenes extranjeras.
El caso de Roza refuerza la existencia de una estructura transnacional en la que los visados, la precariedad económica y las falsas expectativas profesionales habrían sido utilizados como mecanismos de captación y coerción, Palm Beach funcionó como el laboratorio inicial de un modelo de explotación que posteriormente se expandió a otras ciudades de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.
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