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La flexibilización de sanciones vs. el impacto en la realidad económica del venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha emitido diversas licencias para facilitar las operaciones con Venezuela a través de instituciones financieras del Estado.

Luego de conocerse estas medidas, el economista Asdrúbal Oliveros analizó las implicaciones de estas licencias a través de una publicación en su cuenta de Instagram, las cuales calificó como un elemento para otorgar mejoras a la economía nacional.

No obstante, el panorama económico de Venezuela se encuentra en una encrucijada marcada por señales contradictorias ya que, por un lado, los indicadores macroeconómicos muestran una apertura y una normalización progresiva de las relaciones comerciales con EE UU; mientras que por otro, la realidad en los presupuestos familiares refleja lo contrario.

Para los especialistas, la clave de este año ha sido la capacidad del Banco Central de Venezuela (BCV) para intervenir en el mercado cambiario gracias a los ingresos adicionales provenientes de las licencias petroleras.

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Foto: redes sociales

El alivio de las sanciones para Venezuela

El economista Luis Yepes sostuvo en entrevista para El Diario que, si bien la flexibilización ha sido un respiro para las arcas del Estado, su impacto social es “indirecto y frágil”.

“La inyección de dólares en las mesas de cambio bancarias ha servido para evitar una megadevaluación como las de años anteriores. Sin embargo, eso solo compra estabilidad, no genera bienestar. El ciudadano siente que el dólar no sube, pero los precios en bolívares sí, porque la estructura de costos interna de las empresas sigue siendo ineficiente”, explicó Yepes.

En la misma línea, el economista David Ruiz enfatizó la brecha entre el crecimiento del sector hidrocarburos y el consumo masivo.

De acuerdo con Ruiz, aunque se proyecta un incremento en la producción petrolera producto del alivio de sanciones, existe un consenso técnico en que estos beneficios no se traducen automáticamente en mejores salarios.

“Estamos viendo una economía dual. Hay un sector vinculado a la exportación y a las licencias que está operando, pero el sector público y el comercio minorista están asfixiados por la falta de poder de compra de la población. No se puede hablar de recuperación real mientras el consumo básico represente el 90 % del ingreso de una familia”, afirmó el experto en entrevista para El Diario.

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Foto: EFE

El impacto en la realidad económica de los venezolanos

La percepción ciudadana, vista a través de los testimonios de varios venezolanos consultados por El Diario, confirmó el diagnóstico de los economistas. Para el venezolano común, el alivio de las sanciones es una noticia que se lee en los medios de comunicación, pero que, hasta ahora, no sienten en la billetera.

Elena Rivas, docente con 15 años de servicio, describió la situación como un estancamiento insostenible.

“Nos dicen que ahora hay más petróleo y que las relaciones con EE UU están mejorando, pero mi sueldo base sigue siendo simbólico. He tenido que diversificarme: doy tareas dirigidas y vendo comida los fines de semana. La realidad es que el dinero solo alcanza para comer, y cada vez comemos menos”, relató Rivas.

Otro testimonio resaltó la caída del consumo por parte de los venezolanos, ya que algunos vendedores han visto que las compras de los clientes se han ido reduciendo debido al bajo poder adquisitivo.

“Antes la gente se llevaba varios kilos de arroz, harina, un cartón de huevos. De enero para acá, el cliente me compra menos. Aunque la tasa de cambio está más tranquila, mis proveedores suben los precios cada semana argumentando que los fletes y el combustible son más caros”, destacó Jorge Martínez, dueño de una bodega en La Vega (Caracas).

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Foto: EFE/Ronald Peña

Por su parte, la secretaria jubilada Lucía Torres resumió la crisis desde la dependencia económica. Afirmó que las noticias sobre la flexibilización de sanciones no las entiende, porque ella sigue recibiendo una pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por Bs. 130 y un bono de Guerra Económica que no le alcanza para cubrir sus necesidades.

“Si no fuera por lo que me mandan mis hijos que se fueron del país, yo no podría mantenerme. Para los abuelos, la economía venezolana es un monstruo que no para de crecer. El costo de la vida nos pasó por encima hace mucho tiempo y eso al parecer no tiene nada que ver con las sanciones, los que se benefician no sé quiénes serán”, acotó Torres para El Diario.

¿Hacia dónde va la economía venezolana en 2026?

De acuerdo con los economistas consultados, la recuperación económica en Venezuela a raíz del levantamiento y alivio de algunas sanciones se percibe como un proceso de largo plazo que requiere superar la brecha estructural entre los indicadores macro (como la auditoría al BCV para devolver transparencia) y la capacidad adquisitiva real.

Yepes y Ruiz coincidieron en asegurar que, a pesar de que el alivio de sanciones ha permitido una apertura y la entrada de nuevos actores internacionales, el país aún enfrenta los retos de un alto costo de vida derivado de años de desinversión en servicios públicos y una inflación inercial.

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Foto: EFE/ Paula Bayarte

Los expertos argumentaron que, sin una reforma profunda que incluya el restablecimiento del crédito bancario y una mejora sustancial en los servicios básicos, el flujo de dinero hacia todos los sectores de la sociedad seguirá siendo insuficiente para rescatar la economía del hogar venezolano.

Al tomar en cuenta la opinión de los economistas, el escenario para el cierre de 2026 dependerá de la capacidad del Estado para canalizar los ingresos extraordinarios hacia sectores productivos que generen empleo formal y estable.

Los especialistas advirtieron que mientras la economía mantenga su dependencia de las intervenciones cambiarias y de licencias temporales, el bienestar de los hogares seguirá sujeto a la volatilidad política externa.

Por ello, la viabilidad de una recuperación sostenible descansa en la implementación de medidas que trasciendanel sector energético y permitan una recomposición real de la infraestructura financiera y los ingresos de la población.

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