Por décadas, el sistema energético global se estructuró sobre una premisa que parecía incuestionable: la eficiencia era el principio rector. Las cadenas de suministro se optimizaron, los inventarios se redujeron al mínimo y la lógica del “just-in-time” se impuso como norma. El petróleo, en ese contexto, era una mercancía más dentro de un mercado global cada vez más integrado. Sin embargo, ese modelo —refinado durante más de medio siglo— enfrenta hoy una transformación profunda, impulsada por una realidad que el sistema había relegado a un segundo plano: la geopolítica del riesgo.
El punto de inflexión no ha sido un solo evento, sino la convergencia de tensiones estructurales. Entre ellas, destaca la creciente vulnerabilidad de las rutas críticas de transporte energético, particularmente el Estrecho de Ormuz. Este estrecho, por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, ha pasado de ser un simple corredor marítimo a convertirse en un símbolo de la fragilidad del sistema energético global. En un entorno donde la seguridad de tránsito depende cada vez más de la disuasión militar, la logística resiliente y la coordinación entre potencias, el mercado ya no puede interpretarse únicamente a través de los fundamentos tradicionales de oferta y demanda.
La historia energética ofrece paralelismos útiles. Durante la década de 1970, los shocks petroleros evidenciaron la dependencia estructural de las economías industriales respecto al suministro de crudo. Aquellos episodios dieron lugar a la creación de reservas estratégicas, a una mayor diversificación de fuentes y al fortalecimiento institucional de actores como la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, el sistema que emergió de esta crisis asumía que, aunque el suministro podía ser interrumpido, las rutas globales seguirían siendo relativamente estables.
Hoy, esa suposición ha dejado de ser válida.
El riesgo ya no reside únicamente en la producción, sino en la capacidad de transportar energía de manera segura. En este nuevo contexto, la seguridad energética se redefine. No se trata solo de garantizar acceso a recursos, sino de asegurar la integridad de las rutas, la protección de las infraestructuras y la continuidad operativa en escenarios de conflicto. El resultado es un cambio de paradigma: la eficiencia cede terreno frente a la resiliencia.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas para los mercados. El precio del petróleo, tradicionalmente interpretado como un indicador de escasez relativa, incorpora ahora una prima creciente asociada al riesgo geopolítico. Esa prima no es transitoria; responde a una percepción estructural de vulnerabilidad. Cuando los actores del mercado evalúan la posibilidad de interrupciones en puntos críticos como Ormuz, el valor del barril refleja no solo el equilibrio entre oferta y demanda, sino también la probabilidad de disrupción.
En este escenario, el papel de Estados Unidos adquiere una dimensión renovada. Más allá de su condición de productor líder, Washington actúa como garante de la estabilidad del sistema, desplegando capacidades navales, coordinando alianzas y asegurando el flujo de energía a través de rutas estratégicas. Este rol, que combina poder militar y capacidad diplomática, refuerza la centralidad de Estados Unidos en la arquitectura energética global. No se trata únicamente de producción doméstica, sino de la capacidad de gestionar el riesgo sistémico.
Para las economías altamente dependientes de las importaciones, especialmente en Europa y Asia, este cambio implica una reevaluación profunda de sus estrategias energéticas. La diversificación de fuentes —un objetivo recurrente desde los años setenta— ya no es suficiente. La atención se desplaza hacia la diversificación de rutas, la ampliación de capacidades de almacenamiento y la inversión en infraestructuras críticas que permitan mitigar interrupciones. Sectores intensivos en consumo de combustibles, como la aviación, enfrentan un entorno particularmente desafiante, donde el costo del combustible incorpora una volatilidad que trasciende los ciclos económicos tradicionales.
En este contexto de reconfiguración, resurgen actores que habían quedado al margen del sistema global. Entre ellos, Venezuela ocupa un lugar singular. Poseedora de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su industria petrolera ha sufrido un prolongado deterioro debido a factores políticos, económicos e institucionales. Sin embargo, en un entorno donde la redundancia se convierte en prioridad, Venezuela emerge como una fuente potencial de suministro adicional.
La reintegración de Venezuela al mercado global no responde únicamente a consideraciones económicas. Está condicionada por factores políticos y por la necesidad de garantizar un marco operativo que reduzca el riesgo para los inversionistas. En este sentido, la participación de actores internacionales, tanto en términos de capital como de supervisión, se perfila como un elemento clave. Empresas como Chevron han mantenido una presencia limitada en el país, y podrían desempeñar un papel relevante en una eventual recuperación de la producción.
No obstante, el caso venezolano ilustra una tendencia más amplia: la creciente intersección entre energía y gobernanza. En el nuevo orden energético, la disponibilidad de recursos no es suficiente. La capacidad de atraer inversión, de garantizar contratos y de ofrecer estabilidad institucional se convierte en un factor determinante. El capital global, cada vez más sensible al riesgo político, prioriza entornos donde la operación pueda desarrollarse con previsibilidad.
Este cambio tiene implicaciones directas para la asignación de capital a nivel global. Las carteras de inversión, tradicionalmente orientadas hacia la optimización del retorno ajustado por riesgo, incorporan ahora criterios adicionales vinculados a la resiliencia y la seguridad. La infraestructura energética —oleoductos, terminales, instalaciones de almacenamiento— adquiere un valor estratégico que trasciende su función económica. Del mismo modo, la integración vertical y la proximidad geográfica ganan relevancia frente a la fragmentación de las cadenas globales.
En última instancia, el sistema energético global se encuentra en un proceso de transición que va más allá de la discusión sobre fuentes renovables o descarbonización. Se trata de una transformación en la forma en que se organiza, se protege y se financia la energía. La eficiencia, que durante décadas fue el principio dominante, ya no es suficiente para garantizar la estabilidad del sistema.
El mundo se encamina hacia un modelo donde la redundancia, la seguridad y el control político ocupan un lugar central. Este nuevo orden no implica el abandono de los mercados, pero sí su reconfiguración en torno a nuevas prioridades. En ese contexto, la energía deja de ser simplemente una mercancía para convertirse, nuevamente, en un instrumento de poder.
Como ha ocurrido en otras etapas de la historia energética, las crisis actuales no solo revelan vulnerabilidades, sino que también impulsan innovaciones y ajustes estructurales. La diferencia es que, en esta ocasión, el cambio no se limita a la oferta o la tecnología, sino que abarca la arquitectura misma del sistema.
El resultado será un orden energético más complejo, más fragmentado y, probablemente, más costoso. Pero también será un sistema más consciente de sus propias fragilidades, y mejor preparado para gestionarlas.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
La noticia no descansa y nosotros tampoco