Una denuncia vecinal confirmó lo que ya se intuía desde los bordes de la Ribereña. El Valle del Turbio, corazón agrícola y ambiental de Barquisimeto, está siendo nuevamente cercado por la irracional lógica de la invasión organizada. En las últimas semanas, videos y testimonios difundidos en redes sociales y medios locales dan cuenta de la ocupación de un predio dentro de la zona protectora del valle, donde grupos de personas han delimitado parcelas, levantado estructuras precarias y quemado desechos sólidos para “limpiar” el terreno, pese a tratarse de un Área Bajo Régimen de Administración Especial destinada por decreto a uso agrícola y protección ambiental.
Vecinos de sectores colindantes describen la escena como “anarquía en el Valle del Turbio” y han formalizado denuncias ante la Fiscalía Superior del estado Lara, alertando que esta ocupación no solo viola el plan de ordenamiento vigente, sino que abre la puerta a una nueva ola de urbanización informal sobre uno de los pocos suelos de alta calidad agrícola que le quedan a la región. Lejos de quedar en el plano de la denuncia anónima, el caso ha tenido su propio capítulo institucional: en una asamblea realizada en el sector Brisas de Paso Real, “en pleno corazón del río Turbio”, los ocupantes defendieron la toma como una “ocupación agrícola” y no como invasión, alegando que su objetivo es producir alimentos, reforestar y mantener el área, mientras comenzaron a distribuir parcelas entre los presentes bajo la mirada de un juez de paz y una jefa civil.
Un juez de paz comunal no tiene competencia para legitimar la ocupación de tierras en el Valle del Turbio. La justicia de paz solo puede conocer conflictos vecinales menores y homologar acuerdos entre particulares, siempre subordinada al marco constitucional y legal. La invasión de predios en un Área Bajo Régimen de Administración Especial y Zona de Aprovechamiento Agrícola —como lo es el Valle del Turbio— es materia de las autoridades agrarias y ambientales y, en su caso, de los tribunales agrarios y civiles competentes, no de los jueces de paz. Cualquier intento de “bendecir” un parcelamiento ilegal en el valle desde una instancia de justicia de paz no tiene respaldo jurídico y supone un claro abuso de sus competencias.
El pronunciamiento posterior del gobernador de Lara, anunciando que el Instituto Nacional de Tierras evaluará la situación y revisará cartas agrarias y ocupaciones para “aplicar correctivos”, reconoce de facto la existencia del conflicto, pero no lo resuelve. Hasta hoy no se ha hecho pública ninguna decisión de desalojo ni de restitución de las áreas afectadas. El resultado es un limbo peligroso para el valle, la ocupación y el parcelamiento denunciados continúan, la comunidad percibe el proceso como un intento de legitimar invasiones en una zona agrícola e hídrica estratégica, y el Valle del Turbio vuelve a quedar atrapado entre decretos de protección, promesas de evaluación y la presión constante de quienes ven en sus tierras fértiles un botín inmobiliario o clientelar más que un patrimonio que no se toca.
Conservar íntegro el Valle del Turbio, sin nuevas presiones de urbanización ni “ocupaciones” toleradas, es una obligación ambiental, productiva y jurídica: se trata del principal valle agrícola y pulmón verde de Barquisimeto–Cabudare, con suelos de máxima calidad, rol clave en el ciclo hídrico regional y un estatus legal expreso que lo destina a uso agrícola y protección ambiental desde hace décadas.
La disputa por el Valle del Turbio no es solo un conflicto de tierras: es una prueba de estrés para la idea misma de Estado de derecho ecológico en Venezuela. En un territorio que los propios decretos oficiales han definido como Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial y Área Bajo Régimen de Administración Especial, con suelos de clase I–II y funciones hídricas críticas para Barquisimeto–Cabudare, la combinación de invasiones toleradas, parcelamientos “de hecho” y proyectos urbanos oportunistas revela hasta qué punto el poder político se siente autorizado a desobedecer sus propias normas.
Allí donde el ordenamiento territorial y el derecho ambiental mandan preservar suelos, restaurar el río y orientar la producción hacia modelos de bajo impacto, se impone en la práctica una lógica de reparto clientelar del espacio: Jueces de paz opinando sobre invasiones para las que no tienen competencia, autoridades agrarias que “evalúan” pero no restituyen, y gobiernos locales que miran hacia otro lado mientras el cemento y la basura se comen el valle. El resultado es un paisaje degradado que sintetiza la crisis más amplia: un Estado que, en lugar de ser garante de límites, se convierte en principal agente de la transgresión normativa.
Frente a ese cuadro, los distintos actores sociales no pueden limitarse a la queja moral. Tienen responsabilidades diferenciadas y complementarias. La sociedad civil debe asumir el Valle del Turbio como causa común, documentar cada agresión, exigir el cumplimiento del plan de ordenamiento y convertir la defensa del valle en criterio para evaluar a alcaldías, gobernación, organismos agrarios y tribunales. Los productores agropecuarios, a su vez, solo tendrán autoridad para reclamar la protección de esos suelos si se comprometen con prácticas más sostenibles, demostrando en la práctica que el valle puede ser, a la vez, despensa agrícola y bien ecológico, no simple reserva de plusvalía inmobiliaria.
Ecologistas y defensores del ambiente están llamados a sostener la presión pública y jurídica, y a proteger a los líderes comunitarios que se exponen al denunciar invasiones y contaminación. Sobre esa base, las universidades —en particular las escuelas de agronomía y de derecho— tienen un papel crucial: Convertir el Valle del Turbio en aula y laboratorio, produciendo conocimiento técnico para la restauración de suelos y cuenca, formando agrónomos capaces de producir sin destruir, y juristas capaces de litigar y enseñar que las figuras de protección ambiental no son ornamentos declarativos, sino mandatos vinculantes que obligan al Estado, incluso —y sobre todo— cuando le resulta incómodo respetarlos.
El Valle del Turbio fue declarado Zona de Aprovechamiento Agrícola en 1981 para proteger más de 12.000 hectáreas de tierras de alta vocación agrícola en Lara y Yaracuy; en 2019 se ratifica esa condición como Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial en unas 11.633 hectáreas. Estudios técnicos señalan que buena parte de sus suelos son de clase I, con altísimo potencial agrícola y “severas limitaciones para el uso urbano”, es decir, son tierras excepcionales para producir alimentos y muy malas para expandir ciudad.
En términos de seguridad alimentaria, conservar intacto este valle significa preservar una reserva estratégica de suelo fértil en un país que ha perdido superficie cultivada y capacidad productiva en los últimos años. ## 2. Función ambiental: pulmón verde y regulador hídrico. El Valle del Turbio es descrito por especialistas y medios locales como el principal pulmón vegetal” de la región barquisimetana y una zona de resguardo hídrico vital para el estado Lara. La literatura científica sobre la cuenca del río Turbio muestra que la conurbación Barquisimeto–Cabudare viene presionando fuertemente el ecosistema, un evento que e expresa con la deforestación de bosques ribereños, vertido de efluentes urbanos y agroindustriales sin tratamiento y extracción directa de agua del cauce, acciones que han reducido drásticamente la integridad del río.
En este contexto, urbanizar lo que queda del valle agrícola implica agravar problemas de inundaciones, contaminación y pérdida de servicios ecosistémicos (regulación de temperatura, recarga de acuíferos, absorción de CO?), en una ciudad ya sometida a estrés hídrico y climático. Toda la zona del valle está reconocida como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usos (Decreto 2.377 del 05?06?1992) que destina expresamente el valle a uso agrícola vegetal y permite, como máximo, una vivienda por parcela de 4 hectáreas.
Este marco fue reforzado por el decreto de expropiación de 2006 —dictado por Hugo Chávez y ejecutado con apoyo de autoridades regionales— que, en el papel, se justificó con el argumento de “preservar” el valle, bajo los artículos 127 y 128 de la Constitución sobre zonas protectoras y ordenación del territorio. La paradoja es que, bajo ese mismo paraguas, el Estado ha tolerado o impulsado usos contradictorios. Misiones de vivienda, habilitaciones urbanas y ahora invasiones autorizadas de facto, violando el espíritu de la figura ABRAE y vaciando de contenido la expropiación “ambiental” proclamada por Chávez.
La actualización del plan de ordenamiento reconoce desde hace años una “fuerte presión urbanística” por la tendencia a la conurbación Barquisimeto–Cabudare–Yaritagua, con poligonales urbanas que se superponen a la zona agrícola especial y generan conflictos de uso. Hoy esa presión se expresa en dos frentes: proyectos formales de vivienda que se intentan encajar dentro del valle, y una ola de tomas ilegales donde se levantan ranchos, se queman desechos sólidos y se parcelan terrenos protegidos, pese al estatus legal del área.
Cada lote que se convierte en barrio improvisado o urbanización es una hectárea menos de suelo agrícola y un paso más hacia el colapso del paisaje y del río. Estudios previos ya describen al Turbio como un “síndrome urbano” por el cúmulo de impactos acumulados.
Corregir un error, no profundizarlo.
El decreto de expropiación de 2006, dictado “desde el aire” por Chávez al sobrevolar el valle, se hizo sin estudios serios y con la promesa de reemplazar la caña por hortalizas “para el pueblo”; en la práctica, la producción se paralizó, se generó inseguridad jurídica y se abrió la puerta a ocupaciones discrecionales que han debilitado tanto el tejido agrícola como la protección ambiental. Aquello fue todo un disparate.
No es que el Valle del Turbio “no sirva” para sembrar hortalizas; es que hoy, tras décadas de caña, agroquímicos, pozos salinizados y ensayos fallidos de cultivos intensivos, el ecosistema del valle no soporta un esquema hortícola convencional sin agravar el daño. Los suelos han perdido estructura y fertilidad, el agua de riego muestra problemas de salinidad y contaminación, y los acuíferos de Palavecino ya están bajo estrés. Por eso, los propios estudios y planes de ordenamiento apuntan a una agricultura ecológica de bajo impacto y a la restauración del corredor hídrico y forestal, antes que a llenar el valle de hortalizas producidas con el mismo modelo químico que lo degradó.
Seguir autorizando o tolerando ocupaciones en la Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial del Valle del Turbio implicaría profundizar un error de origen: usar la bandera de la justicia social para desmontar un patrimonio productivo y ecológico insustituible, en beneficio de intereses políticos o clientelares de corto plazo. Desde el punto de vista del derecho ambiental y de la planificación responsable, el único camino coherente es “reafirmar” la vocación agrícola y de protección del valle. Hacer cumplir el plan de ordenamiento, detener nuevas urbanizaciones e invasiones y recuperar la producción con criterios de sustentabilidad.
Lo contrario —convertir “la última gran llanura agrícola de Barquisimeto” en una periferia desordenada— es hipotecar seguridad alimentaria, resiliencia climática y calidad de vida de las próximas generaciones en Lara y el centro?occidente del país.
Por qué el Valle del Turbio no se toca:
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Es una reserva agrícola estratégica, formalmente protegida. El Valle del Turbio fue declarado Zona de Aprovechamiento Agrícola en 1981 para resguardar más de 12.000 hectáreas de tierras de altísima vocación agrícola en Lara y Yaracuy, y en 2019 se reafirmó como Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial en unas 11.600 hectáreas. Su Plan de Ordenamiento (Decreto 2.327 de 1992) fija como objetivo “fomentar el uso agrícola y garantizar su permanencia en el área”, dejando claro que el valle existe para producir alimentos, no para expandir ciudad.
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Sus suelos son de los mejores del país y casi irreemplazables. Estudios técnicos sobre la zona describen al Valle del Turbio como una de las pocas áreas de Venezuela con suelos **Clase I y II**, un “privilegio geológico” por su fertilidad y aptitud agrícola, y a la vez con severas limitaciones para usos urbanos. Perder estos suelos bajo cemento es sacrificar para siempre la posibilidad de una agricultura intensiva cercana a un gran centro urbano en un país que ya ha reducido dramáticamente su superficie sembrada.
3.Es un pulmón verde y un regulador hídrico para Barquisimeto–Cabudare. El valle funciona como principal pulmón vegetal de la región y zona de resguardo hídrico para Lara, ayudando a regular temperatura, recargar acuíferos y amortiguar riesgos de inundaciones. La degradación del río Turbio —por expansión urbana, extracción de materiales y vertido de desechos— ya está documentada como un “síndrome urbano”; seguir sellando el valle con concreto solo agravará la crisis de agua y clima urbano que vive el área metropolitana.
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Hay un marco legal que prohíbe expresamente la urbanización en la zona agrícola. El Plan de Ordenamiento establece que el valle debe ordenarse según su vocación natural y que se deben proteger tierras y aguas mediante un régimen racional de aprovechamiento del suelo. Una sentencia del propio Poder Judicial dejó claro que autorizaciones puntuales de vivienda “no implican afectación de recursos” en la zona agrícola y llegó a “prohibir la construcción de nuevas viviendas” dentro del área de aprovechamiento agrícola del Valle del Turbio. Cada urbanización, “ocupación” o invasión tolerada en la poligonal agrícola viola esa normativa y sienta un precedente de impunidad frente a un Área Bajo Régimen de Administración Especial.
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La urbanización y las invasiones ya han demostrado su costo económico y ecológico. Desde las expropiaciones de mediados de los 2000 y las invasiones permisivas posteriores, la producción del valle se desplomó. Estudios citados por la prensa local indican que la caña pasó de unas 180.000 toneladas anuales a alrededor de 60.000, con miles de familias rurales afectadas. Hoy, vecinos describen una “toma ilegal sistemática” de terrenos protegidos, con quema de desechos y parcelamiento informal, en lo que debería ser un paisaje agrícola y ecológico de referencia nacional. Insistir en ese modelo es profundizar un error. Se destruye capacidad productiva, se agrava el deterioro ambiental y se consolida una periferia sin servicios dignos, a cambio de beneficios políticos de corto plazo.
Proteger el Valle del Turbio.
Para proteger el Valle del Turbio, así como cualquier otra zona agrícola o ambiental estratégica, de urbanizaciones ilegales hay que combinar medidas legales duras, gestión urbana seria y presión social organizada. ### 1. Aplicar la ley desde el primer metro de invasión. La experiencia comparada muestra que la medida más eficaz es “actuar desde el inicio: Paralizar cualquier intento de parcelación, venta de lotes o construcción sin permisos en suelo protegido. Esto implica que alcaldías, gobernación y órganos ambientales inicien de inmediato procedimientos administrativos mediante órdenes de paralización de obra, multas y apertura de expedientes para demolición y restitución del área.
Un principio clave es “no dotar de servicios” a lo ilegal. Se debe impedir que estas urbanizaciones tengan acceso a vialidad formal, acometidas de agua potable, electricidad o gas mientras no exista un marco legal que lo permita. Proveer servicios a construcciones en suelo protegido envía el mensaje de que “con el tiempo todo se legaliza”, lo que incentiva nuevas invasiones y encarece cualquier intento posterior de restauración.
Es imperativo perseguir el delito urbanístico, no solamente la falta administrativa. En la mayoría de ordenamientos, construir en suelo no urbanizable de especial protección (ambiental, agrícola, forestal) puede constituir “delito urbanístico”, con penas de prisión, multas fuertes y demolición obligatoria, no solo una multa menor. La responsabilidad no recae solo en quien compra el lote: también se puede perseguir a promotores, “loteros”, constructores y funcionarios que miran hacia otro lado o facilitan documentos.
No premiar la ilegalidad con cambios de zonificación. Una recomendación central de organizaciones ambientales es “no usar la existencia de urbanizaciones ilegales como excusa para recalificar” el suelo y legitimar a posteriori lo construido. Cualquier proceso de regularización debe partir del principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato —ni política ni económicamente— que hacerlo en regla; y en suelos de especial protección como el Valle del Turbio, la opción por defecto debe ser la demolición y restauración, no la legalización.
Como opciones de justicia es factible ofrecer alternativas de vivienda en suelo apto y planificado. La lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir de la mano de políticas activas de “vivienda social y suelo urbanizable planificado”, para que la necesidad real de vivienda no sea utilizada como coartada para destruir áreas agrícolas o ambientales. Eso supone destinar suelo público en zonas urbanizables, con servicios y equipamientos, a proyectos de vivienda de interés social, alquiler asequible y planes de autoconstrucción regulada, de modo que la demanda popular tenga una vía legal y digna.
Un parque Metropolitano.
La idea de convertir el tramo del valle contiguo a la Ribereña en un gran parque metropolitano es sólida desde el punto de vista urbano, ambiental y social: permitiría crear un gran corredor verde de escala ciudad–región, siempre que se respete el estatus agrícola y de protección del Valle del Turbio y que el parque se conciba como “parque–paisaje agrícola”, no como antesala de urbanizaciones.
El flanco del valle que bordea la avenida Ribereña es hoy la interfaz más directa entre la ciudad y el Valle del Turbio. Convertirlo en parque metropolitano (lineal y abierto hacia el valle) permitiría crear un frente urbano ordenado y público, que frene la expansión informal y reemplace la actual anarquía de invasiones, rellenos y quemas de basura. Daría al eje metropolitano Barquisimeto–Cabudare un “balcón” permanente hacia el valle, como han hecho otras ciudades con sus ríos y bordes agrícolas, integrando ciclovías, senderos, miradores y equipamientos ligeros sin “morder” la zona agrícola especial.
Un parque metropolitano en esa franja puede actuar como “cinturón de contención. Reforestar taludes, márgenes y áreas degradadas, restaurando parte del bosque de galería y mejorando la calidad paisajística y ambiental del corredor Ribereña–Turbio. Serviría de transición entre la ciudad dura y las parcelas agrícolas, reduciendo presión directa sobre los suelos de clase I y II que el plan de ordenamiento reconoce como de “aprovechamiento agrícola prioritario”. Si se diseña como parque lineal ecológico (tipo “parque ribereño” o “parque corredor”), la propia figura del parque ayuda a blindar el valle frente a futuras propuestas de urbanización en la interfaz urbana.
El Valle del Turbio es un ABRAE con plan de ordenamiento que define claramente usos agrícolas en la mayor parte de su extensión y admite equipamientos muy puntuales, de bajo impacto, ligados a la actividad agrícola o recreativa controlada. La perspectiva viable no es “sacar” el valle del régimen agrícola para poner un parque urbano convencional, sino usar la franja inmediatamente adyacente a la vía -que ya es borde urbano- para un parque metropolitano que:
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No cambie la zonificación agrícola de fondo.
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No abra la puerta a urbanizaciones, centros comerciales o desarrollos masivos disfrazados de “equipamiento del parque”.
Beneficios sociales y de gobernabilidad.
Un parque bien diseñado en ese tramo ayudaría a ofrecer espacio público de calidad a comunidades que hoy solo ven el valle como espacio “vacío” o “invadible”, cambiando la lógica de uso del suelo hacia actividades recreativas, educativas y deportivas. Canalizar iniciativas de educación ambiental, agroturismo y agricultura urbana vinculadas al Valle del Turbio, reforzando la noción de que el valle tiene valor productivo y ecológico, no solo inmobiliario. En términos de control territorial, un parque metropolitano visible, con presencia institucional y uso ciudadano intenso, dificulta las ocupaciones ilegales y la consolidación de urbanizaciones clandestinas en el borde.
La conclusión técnica y política es clara: La “perspectiva es positiva” si el parque en la franja de la Ribereña se concibe como instrumento de protección del Valle del Turbio, no como punta de lanza para su urbanización futura. Cualquier proyecto debería quedar explícitamente vinculado al régimen del ABRAE y al Plan de Ordenamiento: equipamientos ligeros, restauración ecológica, recreación pasiva y activa de baja huella, y programas de educación agroambiental, sin cambios de zonificación que debiliten la condición agrícola del valle.
Cuando un régimen hace – o permite con liviandad- de la transgresión sistemática de las normas su modo de gobierno, desconociendo el Estado de derecho e invocando un supuesto “espíritu” por encima de la ley escrita, deja de operar dentro de la tradición republicana moderna y se desliza hacia lo que la teoría jurídica describe como un poder “pre?legal”, propio de estados de excepción permanentes. En la filosofía del derecho contemporánea, autores como Habermas distinguen entre legalidad; cumplir procedimientos y legitimidad someter el poder a normas generales que valen para gobernantes y gobernados por igual. Cuando el poder decide que puede violar normas porque encarna directamente la voluntad del pueblo o una “razón superior”, rompe esa simetría y reinstala una lógica de soberanía absoluta donde la decisión del gobernante cuenta más que la Constitución.
En ese punto, el derecho deja de ser límite y se convierte en recurso retórico. Se suspende o se reinterpreta la ley en nombre de su “espíritu”, pero siempre a favor del bloque en el poder. Se criminaliza la desobediencia civil que busca restaurar la vigencia de la Constitución, mientras se normaliza la desobediencia del propio Estado a sus leyes. Desde la filosofía del derecho, esto no es una anomalía menor, sino la señal de que el pacto jurídico-político ha sido roto. Ya no hay Estado de derecho, porque la regla básica -que el poder esté sometido a la ley- ha sido sustituida por su inversa, que la ley es válida solo mientras convenga al poder.
Alfredo Alvarez/ CN 5289