La Defensoría del Pueblo recibió el lunes 4 de mayo a un grupo de familiares de presos políticos y se comprometió a recibir sus denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos contra sus parientes en diferentes cárceles del país suramericano, incluidos casos de detenidos de nacionalidad colombiana.
«Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando. En dos semanas tenemos más de doscientos casos que estamos atendiendo», señaló el director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Ignacio da Costa, a las afueras de la institución, en el centro de Caracas, adonde concurrieron los familiares.
Los manifestantes desplegaron una tela en la que se leía: «Liberen a los presos políticos» y cada uno sostenía una hoja con distintos nombres de los detenidos.
Da Costa indicó que cada caso tendrá designado un defensor delegado, pues —según dijo— cada causa tiene sus particularidades que no pueden ser trabajadas desde lo colectivo.
Prometen reuniones con el Ministerio para el Servicio Penitenciario
Da Costa sostuvo que en los «próximos días» la Defensoría del Pueblo y el Ministerio para el Servicio Penitenciario se reunirán para tratar estos temas y hacer «las investigaciones concernientes».
«En varios de los casos, hemos logrado entrar a algunas de las prisiones y estamos coordinando hacer una estrategia global en todo el país», señaló Da Costa, sin ofrecer mayores detalles sobre lo que encontraron en esos centros penitenciarios.
El director ejecutivo de la Defensoría también se ofreció a coordinar reuniones de trabajo con cada familiar de un preso político «para que tengan una respuesta acertada».
Por su parte, Massiel Cordones, familiar del preso político José Ángel Barreno, denunció que se mantiene el trato inhumano contra estos detenidos y que no han recibido respuesta por parte de las autoridades sobre estas denuncias hechas hace más de dos semanas.
Igualmente, Cordones aseguró que a los detenidos los han rociado con gas pimienta por querer hablar o porque piden salir al patio de la cárcel a tomar el sol, lo que calificó como trato cruel.
La convocatoria de Clippve
La convocatoria fue hecha por Clippve con el propósito de denunciar los maltratos que sufren sus allegados dentro de las cárceles y centros de reclusión del país.
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, quien está detenido en El Rodeo I, relató que los familiares acudieron a la institución para solicitar la intervención de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, y exigir una respuesta sobre lo que ocurre dentro del penal.
“Queremos que ingrese a los centros de reclusión con defensores de derechos humanos y de nuestra confianza”, dijo Ávila a los medios de comunicación.
Esto, luego de que los detenidos por razones políticas denunciaran a gritos desde el centro que han sido maltratados y que se encuentran en condiciones inhumanas de reclusión.
Asimismo, Ávila señaló que los familiares de los privados de libertad en la cárcel de Yare también exigen respuestas.
“Es urgente que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela paren. Aún continúan las torturas en las cárceles donde se encuentran los presos políticos”, agregó.
Clippve también alertó que más de 500 personas en Venezuela continúan detenidas por motivos políticos.
Protestas ante el Ministerio Público
El 15 de abril, decenas de familiares y activistas de la organización no gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunciaron ante el Ministerio Público las torturas que —aseguraron— han recibido estos detenidos en varias cárceles del país.
Andreína Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo entonces a la prensa que no habían recibido respuesta sobre la represión registrada una semana antes dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron familiares.
Ese mismo día, la Fiscalía informó que recibió esta denuncia y reiteró que se mantendrá vigilante para asegurar que se cumplan las garantías y el debido proceso.
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