Luego de una larga batalla judicial y meses bajo medidas restrictivas, el sistema de justicia del régimen finalmente dictó el sobreseimiento de la causa contra Santiago García, coordinador de organización de Vente Joven en el municipio Naguanagua, estado Carabobo.
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Durante 15 meses, García permaneció tras las rejas. Primero, en la sede de la Policía de Naguanagua, en Carabobo, y luego en el penal de Tocorón en Aragua.
Recibió la notificación apenas la semana pasada, a pesar de que el documento del Juzgado Especial Tercero con Competencia en Terrorismo tiene fecha del 21 de febrero. La medida responde a una solicitud bajo la Ley de Amnistía antes de que fuera eliminada por la administración de Delcy Rodríguez.
El documento también otorga libertad plena a otros 16 ciudadanos que, al igual que García, fueron criminalizados con cargos de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad.
Alegría a medias
A pesar de recuperar sus derechos plenos, el dirigente de 23 años fue enfático al señalar que su caso es solo una muestra de la persecución sistemática en el país y advirtió que no es posible una transición real mientras persistan las detenciones por razones ideológicas y políticas.
“Mi alegría no es completa porque todavía hay más de 500 presos políticos en Venezuela”, sentenció.
El líder juvenil aprovechó la oportunidad para alzar la voz por los casos que aún siguen en la sombra, especialmente el de Samantha Hernández, de apenas 17 años de edad. Hernández permanece recluida en un centro de menores en Antímano, Caracas, siendo la única adolescente detenida por razones políticas en el país.
“No le roben su juventud y sus esperanzas”, reclamó García al exigir su libertad inmediata.
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