El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Curazao violó los derechos humanos de siete ciudadanos venezolanos detenidos en la isla en 2019, en un fallo que vuelve a poner bajo escrutinio el trato a migrantes en el Caribe Neerlandés y la responsabilidad del Reino de los Países Bajos.
Según la sentencia, las autoridades no lograron justificar el uso de la fuerza durante un incidente en un centro de detención, ni garantizaron derechos básicos como el acceso oportuno a asistencia legal. Como resultado, el tribunal ordenó al Reino pagar indemnizaciones que oscilan entre 1.625 y 5.000 euros por persona.
Interceptados en el mar
El caso se remonta a 2019, cuando los siete venezolanos huyeron de la crisis en su país y llegaron a las cercanías de Curazao en una embarcación. Fueron interceptados por la Guardia Costera y entregados a las autoridades locales.
Tres de ellos fueron recluidos en una prisión, mientras que los otros cuatro fueron enviados a barracones de detención para extranjeros. Dos meses después de su detención, se produjeron disturbios dentro de las instalaciones, lo que desencadenó una respuesta violenta por parte de los guardias.
De acuerdo con los demandantes, los funcionarios utilizaron balas de goma contra los detenidos. Este uso de la fuerza fue uno de los elementos centrales del caso ante el TEDH.
Sin justificación
El tribunal concluyó que Curazao no pudo demostrar que la intervención violenta estuviera justificada. Además, criticó duramente la falta de una investigación independiente sobre los hechos.
En lugar de un proceso externo e imparcial, la investigación fue realizada por personal penitenciario que, según el fallo, estaba directamente implicado en los incidentes denunciados. Esta situación, según el TEDH, compromete la credibilidad y la transparencia del proceso.
El tribunal también señaló que durante la primera semana de detención, los venezolanos no tuvieron acceso a asistencia legal, lo que constituye otra violación de sus derechos fundamentales.
Responsabilidad del Reino
Aunque los hechos ocurrieron en Curazao, el fallo responsabiliza al Reino de los Países Bajos en su conjunto, ya que el país forma parte del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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