La Justicia de Venezuela otorgó el lunes 20 de abril la libertad condicional al opositor Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo (capital del estado Zulia), detenido en octubre de 2024 y que cumplía arresto domiciliario desde agosto de 2025.
Además, fue liberado con restricciones a David Barroso, exdirector general de seguridad ciudadana de Maracaibo, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto.
Ambos tendrán que presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo de Ramírez, que dice desconocer aún los detalles de la sentencia.
“Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil”, dijo Ramírez a la prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, desde donde agradeció a Dios, a su familia y a todos los que lo han apoyado.
Sin embargo, aseguró que no hay “nada que celebrar” debido a que aún hay «muchos presos políticos» en el país, por cuya libertad pidió seguir luchando.
“Tenemos que seguir creyendo en que esta Venezuela va a cambiar, en que esta Venezuela está próxima a que se logren los objetivos que tienen que ver con el cambio político que necesita este país”, expresó.
A su juicio, la nación necesita reconciliarse y para eso ve imprescindible “un proceso de elecciones libres que permitan que todos” puedan votar por quienes son los verdaderos representantes del pueblo.
“Salimos íntegros, salimos decididos, salimos alegres, salimos convencidos de que el cambio está llegando”, agregó, tras un año y medio detenidos y tres días de audiencias de juicio.
Detalles del caso
Ramírez y Barroso fueron detenidos en el contexto postelectoral tras las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por el organismo electoral, con base en unos resultados que no publicó de forma desagregada.
El Ministerio Público había acusado a Ramírez de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo entonces que la Alcaldía de Maracaibo entregaba a «partidos políticos de la extrema derecha» -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos y del cobro del servicio de aseo urbano.
El gobierno encargado informó el lunes 20 de abril de que la justicia otorgó la semana pasada “medidas alternativas” a la privación de libertad para 51 personas detenidas, en medio de denuncias por la ralentización del proceso de amnistía y a solicitud del Programa para la Convivencia y la Paz, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Según un comunicado oficial, las medidas fueron solicitadas para personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con «atentados contra la institucionalidad democrática», sin especificar las identidades de los supuestos beneficiados ni cuáles fueron esas medidas.
La amnistía aprobada en febrero por el Parlamento excluye casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
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