El sistema tributario venezolano opera hoy bajo distorsiones cada vez más marcadas por el efecto de la inflación y el rezago de su marco legal. Así lo advirtió el abogado tributario Daniel Betancourt, quien señaló que, aunque casi todos los ciudadanos están obligados a declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), la estructura vigente permite que una gran parte de los contribuyentes termine presentando declaraciones con “pago cero”.
Betancourt recordó que la Ley de Impuesto Sobre la Renta actualmente en vigor corresponde a la reforma parcial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.210 del 30 de diciembre de 2015, un instrumento que mantiene como referencia la unidad tributaria (UT).
En un entorno inflacionario, este indicador quedó completamente desfasado, lo que obliga a declarar a casi cualquier persona con ingresos formales, aunque el impuesto se calcule sobre el enriquecimiento neto, reduciendo la carga efectiva.
El especialista destacó una contradicción que, a su juicio, agrava las distorsiones: mientras la base imponible sigue anclada a una UT simbólica, las multas y sanciones se calculan en euros, creando un sistema donde la obligación se mide con parámetros rezagados, pero las penalidades están indexadas.
A ello se suma que, desde 2015, los sujetos pasivos especiales —los grandes contribuyentes— no pueden aplicar el ajuste por inflación, lo que implica que el Estado no reconoce la pérdida de valor del patrimonio empresarial. En un país con inflación persistente, esta prohibición incrementa la carga fiscal real sobre el sector productivo.
Betancourt señaló que, en teoría, el ISLR debería ser el “impuesto rey” por su capacidad de medir la verdadera capacidad contributiva. Sin embargo, en Venezuela ha perdido protagonismo y hoy ocupa el tercer o cuarto lugar en recaudación, superado por tributos indirectos como el IVA y el IGTF, que terminan afectando más al consumo que al ingreso.
Con información de Fedecámaras Radio
La noticia no descansa y nosotros tampoco