Tras cumplirse los primeros 100 días de la gestión de Delcy Rodríguez, el equipo de La Patilla en el estado Bolívar consultó a diversos sectores de la sociedad civil para conocer su percepción sobre este período. Comerciantes, docentes, líderes vecinales y expertos en Derechos Humanos coincidieron en un panorama marcado por la precariedad económica, aunque algunos optaron por el anonimato por medidas de seguridad.
Por lapatilla.com
En el centro de San Félix, el corazón comercial de la ciudad, el sentimiento es de incertidumbre. Un comerciante de la zona, quien prefirió resguardar su identidad, explicó que la dinámica no ha mostrado signos de recuperación tras el primer trimestre del año.
“La situación en el sector se ha mantenido similar a los inicios de enero; se percibe una disminución en las ventas y la economía se siente estancada”, afirmó. El entrevistado destacó que la dificultad para adquirir divisas persiste como un cuello de botella para la reposición de inventarios.
“Aunque el precio en el mercado paralelo ha mostrado cierta estabilidad, la brecha cambiaria sigue siendo un problema crítico al momento de cubrir los costos operativos, afectando directamente el margen de ganancia y la sostenibilidad del negocio”.
El drama de «subsidiar» al Estado
Una docente del colegio Fe y Alegría en Puerto Ordaz describió la situación actual como un estancamiento peligroso. “Pienso que aún estamos parados en el mismo terreno movedizo. Las soluciones están para unos pocos, mientras otros siguen en la fila de espera”, señaló.
Por su parte, Erika Carvajal, dirigente del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Bolívar, ofreció un balance alarmante. “Estamos en peores condiciones. Como docente categoría 5 con especialización, mi quincena es de apenas 286 bolívares”, denunció. Detalló que los bonos llegan «comprometidos» para pagar deudas, dejando al educador en un nivel adquisitivo de emergencia. Además, alertó sobre el fracaso del Sistema de Alimentación Escolar (SAE), donde las maestras deben hacer colectas para comprar sal y aliños ante la falta de proteínas en los comedores.
Carvajal hizo especial énfasis en un sector que parece haber quedado fuera de cualquier radar gubernamental: los docentes jubilados. Según la dirigente, al pasar al estatus de jubilación, el trabajador deja de percibir el beneficio de cestaticket, bajo la ironía de que «ya no necesitan alimentarse».
“Es una situación muy lamentable. Los jubilados perciben un bono de guerra menor y, en su gran mayoría, son adultos mayores con patologías crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos. Sin HCM, sin un Ipasme funcional y con ingresos pírricos, no pueden cubrir sus medicinas”, explicó Carvajal.
Agregó que muchos de ellos enfrentan esta crisis en soledad, producto de la diáspora familiar. “Deberían tener tranquilidad emocional y económica, pero la realidad es que están en una situación de vulnerabilidad extrema”.
«De mala a muy mala»
Para Ramón Gómez, líder vecinal del municipio Caroní, los resultados de estos tres meses son inexistentes. “Tengo que catalogar la gestión de mala a muy mala. El salario mínimo continúa en 130 bolívares y la inflación no ha sido controlada”, fustigó.
Gómez subrayó que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo sigue castigando el bolsillo del ciudadano, mientras que los servicios de agua y electricidad permanecen en un estado «caótico». “Todo se ha ido en promesas mediáticas, nada es real. El conjunto de estos factores solo trae más hambre y miseria para nuestras comunidades”, sostuvo el dirigente vecinal.
Derechos humanos y entorno político
En el ámbito de los derechos humanos, los consultados reconocieron una ligera disminución en la coacción rígida durante las manifestaciones respecto al año pasado. Sin embargo, recalcaron que la cifra de presos políticos sigue siendo considerable y que la violación de derechos laborales es constante.
Para otra especialista en Derechos Humanos, los primeros 100 días de la gestión de Delcy Rodríguez no representan una mejora estructural, sino un «movimiento de piezas» estratégico. A continuación, los puntos clave de su balance:
1) Un cambio de poder, no de ideología: «Desde el punto de vista jurídico, definitivamente hay un cambio, pero es un cambio que tiene que ver más con el poder que con la ideología o las formas», señala la especialista. Según su visión, el Estado ha sido «habilidoso» para valerse de las lagunas y vacíos legales (las «rendijas» donde no hay nada escrito) para dar interpretaciones convenientes.
«No veo un propósito de enmienda real ni un ‘mea culpa’. Lo que percibo es la necesidad de acoplarse a una reparación de cara a entes externos, como los Estados Unidos. Se están haciendo movimientos porque no queda de otra para conseguir objetivos específicos, pero no por una intención genuina de corregir el rumbo».
2) Espacios que nunca debimos perder: En materia de DD.HH., advierte que lo que ocurre hoy no es necesariamente «algo bueno», sino una ligera distensión frente a una situación que era extrema. «Todavía existe una Ley Contra el Odio y una ley de fiscalización de ONG que impiden el trabajo civil. Lo que vemos ahora son pequeños pasos hacia el espacio que nunca debimos perder».
Critica además que los Derechos Humanos se estén tratando como «tendencias comunicacionales». «Un día la tendencia es la protesta, otro día es el cierre del espacio cívico, y luego solo se habla de presos políticos. El error es que, mientras se posiciona un tema, los demás siguen ocurriendo en la sombra. Las narrativas impuestas distraen de la realidad constante».
3) Desconexión entre la macroeconomía y la realidad ciudadana: La especialista denuncia una falta de pedagogía y transparencia en cómo los grandes anuncios impactan la vida del ciudadano común. «Hablan de leyes de hidrocarburos y de invertir en el sistema eléctrico, pero la gente sigue sin luz y sin agua. No le explican al ciudadano cómo le afecta ese tema de derechos humanos en su día a día».
Pone como ejemplo la desconexión social: «Cuando se habla de cupos en dólares o de vuelos internacionales, la gente en las comunidades siente que eso no es con ellos porque su realidad es el autobús y la falta de servicios básicos. Hay una ausencia de soluciones reales basadas en las necesidades imperiosas de la gente».
4) Normas prematuras e inefectivas: Finalmente, desde su perspectiva como jurista, cuestiona la efectividad de las leyes creadas recientemente. «El derecho solo sirve si logra resolver la situación que tenemos en este momento, y las normas actuales no son efectivas. Son prematuras y no apuntan a soluciones reales».
«Para proponer soluciones, hay que detenerse a entender el contexto y preguntar: ‘¿Pedro (por ejemplo), qué necesitas?’, en lugar de imponer cursos o proyectos que no resuelven el hambre o la falta de herramientas técnicas para que el ciudadano proteja su propio sustento. Las soluciones deben venir del conocimiento cierto de la base, no de una oficina», concluyó.
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