El encuentro con los agentes del sheriff fue cordial al principio. Axel Sánchez Toledo había llamado al 911 en diciembre para solicitar a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida, que verificaran el estado de su hija de 4 años. Compartía la custodia con su exesposa y había oído que su hija estaba enferma, según le comentó a un agente, mientras estaba de pie junto a su novia y su hijo pequeño.
Según muestran las imágenes de la cámara corporal, el agente interrogó a Sánchez Toledo, le quitó su licencia de conducir y desapareció en un coche patrulla. Cuando el agente reapareció, ofreció otra solución: acusó a Sánchez Toledo de ser indocumentado y dijo que estaba detenido por el ICE, según consta en los registros judiciales.
Sánchez Toledo huyó, perseguido por dos agentes. Recibió descargas de una pistola Taser, patadas y forcejeos, mientras su novia suplicaba a los agentes que se detuvieran. «Por favor, chicos, no soy un criminal», gimió Sánchez Toledo, insistiendo en que tenía la documentación necesaria: una solicitud de asilo pendiente, según declaró posteriormente su abogado. «No quiero ir».
“¡Qué lástima!”, gritó un agente.
—Él solo quería saber de su hija —lloró su novia—. ¿Por qué harían esto?
El agente que arrestó a Sánchez Toledo formaba parte del Grupo de Trabajo 287(g) de la oficina del sheriff, un acuerdo con ICE que permite a los agentes de policía locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.
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