El reciente anuncio del Ejecutivo Nacional de ejecutar un agresivo plan para elevar en un 30 % la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco ha reavivado el debate sobre la distribución de las riquezas en el estado Bolívar.
Por lapatilla.com
Mientras las autoridades industriales se preparan para incrementar la extracción, en el municipio El Callao la realidad social impone una dura paradoja: un subsuelo con reservas proyectadas para 200 años, pero una superficie que sobrevive con infraestructura de hace tres décadas.
El plan estatal, diseñado bajo la nueva estructura que unificó el mando político e industrial de Guayana, busca pasar de las 9,5 toneladas de oro obtenidas el año anterior a una meta superior a las 12 toneladas. Para ello, la Corporación Venezolana de Minería (CVM) —bajo la gestión del ministro Héctor Silva tras absorber a Minerven— implementará un nuevo instrumento jurídico para formalizar las llamadas “Alianzas Productivas”.
¿Cómo quedan los municipios?
Ante este escenario de expansión industrial, el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, fijó una postura contundente. Aunque aclaró que recibe con optimismo la inversión privada y extranjera en una localidad cuya economía depende de la minería, cuestionó severamente la falta de retribución directa hacia las comunidades locales.
“Nosotros celebramos toda la producción de oro y las inversiones. El problema es: ¿cómo quedan los municipios? ¿Cómo queda el estado Bolívar y El Callao? ¿Cómo quedan la salud, la vialidad y la infraestructura?”, fustigó el mandatario local, alertando sobre el nulo beneficio que percibe la región de su propia riqueza.
Lugo advirtió que el diseño original del Arco Minero no contempló el impacto demográfico que generaría la fiebre del oro. Actualmente, El Callao alberga a una población que ronda los 100.000 habitantes, pero la red de servicios públicos no ha crecido a la par del censo. “Sobrevivimos con unos servicios básicos que datan de hace tres décadas. El hospital tipo 1 sigue siendo el mismo de hace 30 años”, denunció.
A la crisis sanitaria se suma el severo deterioro vial. Según los datos ofrecidos por el alcalde, la dinámica minera y el tránsito constante de carga pesada han destruido entre el 80 % y el 90 % de las calles y carreteras de la localidad, sin que existan hasta ahora fondos destinados a la reparación inmediata de los daños.
Vacío legal
El foco de la crítica de la autoridad civil apunta directamente hacia el marco regulatorio vigente, señalando que la actual Ley de Minas adolece de mecanismos de compensación territorial. “¿Quién responde por esto? En la Ley de Minas no vemos contemplado ni un solo beneficio o aporte directo para el desarrollo de los municipios productores de oro”, sentenció.
Finalmente, Lugo hizo un llamado directo al ministro de Minería y presidente de la CVM, Héctor Silva, para que las proyecciones de crecimiento macroeconómico se traduzcan en bienestar social visible para los callaoenses.
“Le hago un llamado al ministro para que bajen esas inversiones y que esos recursos también se queden en los hospitales y en los municipios que producimos el oro. Se debe desarrollar la minería, pero sin descuidar la vida de nuestra gente”.
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