La frustración de las expectativas que muchos se formaron respecto a la transición democrática que sucedería a la detención del dictador Maduro, lleva a centrar la atención en las instituciones que la hacen posible. De ahí un breve examen de qué son y de su importancia en estos momentos. El premio Nóbel en economía de 1993, Douglass North, las define como las reglas de juego con que se dota una sociedad para subsistir. Pueden ser formales, como la constitución, las leyes y demás normas, o informales, basadas en costumbres, valores, hábitos y/o referentes culturales. Estas últimas suelen plasmarse en códigos de conducta resistentes o impenetrables a políticas deliberadas. Un sustrato pertinaz que no debe ser ignorado. Moldean, a través de incentivos y penalizaciones diversas, el comportamiento de sus habitantes, favoreciendo determinados procesos. Otros premios Nóbel (de 2024), Daron Acemoglu y James Robinson, mencionan en su libro, Por qué fracasan los países, evidencias interesantes al respecto. Por su parte, North distingue entre instituciones y organizaciones. Las primeras crean oportunidades de acción, acotadas por las restricciones de todo problema económico. Las organizaciones surgen para aprovechar tales oportunidades. Un ejemplo son las empresas, los partidos políticos y/o las asociaciones gremiales. Al interactuar con las instituciones, propician ajustes que favorezcan su adaptación a los nuevos desafíos. En este proceso, suelen presentarse en el tiempo disonancias entre un poder de jure que, con un andamiaje formal de normas, legitima el dominio de una élite existente, y un poder de facto (informal) que recoge intereses de otras fuerzas de la sociedad que van surgiendo, y que demandan cambios por no sentirse expresadas en ese marco legal. Dependiendo de la correlación de fuerzas, puede modificar el marco institucional. De esta forma, se altera también su incidencia en la evolución de una sociedad.
En la Venezuela de hoy se expresa una clara voluntad de cambio para recuperar libertades y derechos fundamentales, y para sentar las condiciones que nos permitan disfrutar de una vida digna. Puede postularse que ello representa valores y hábitos propios de una democracia liberal, de contenido social. Como institución formal, la Constitución vigente recoge y ampara las relaciones, derechos y deberes que le dan contenido a estas aspiraciones, salvo en dos aspectos puntuales muy importantes: la centralización del poder y la ”reserva” que hace el Estado de la actividad petrolera y de industrias consideradas estratégicas (art. 302). Ambas habilitan un manejo discrecional de la renta petrolera, base de nuestro crónico estatismo, dada nuestra historia de importante productor petrolero. Ha marcado nuestra evolución política. Instituciones informales, enraizadas en nuestra cultura, refuerzan tal impronta: el culto a Bolívar –de donde se deriva la búsqueda del hombre fuerte, salvador– y, relacionado con ello, el protagonismo de lo militar. Pero ello será objeto de otro escrito.
Los cuarenta años de democracia venezolana mostraron un fuerte sesgo estatista, hasta el punto de que las garantías económicas de la constitución de 1961 estuvieron suspendidas desde el día siguiente a su aprobación hasta iniciado el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cabe señalar, asimismo, que la actividad petrolera supuso instituciones económicas de naturaleza extractiva, que concentran el ingreso. La democracia representativa procuró redistribuirlo, acorde con sus postulados de justicia social. No tardó en alimentar prácticas populistas y clientelares, sobre todo a partir del boom petrolero de los ’70, de las que luego abusaría Chávez para llegar al poder. Como señalan Acemoglu y Robinson en su conocida obra, instituciones económicas extractivas tienden a fraguar, también, instituciones extractivas en lo político, refractarias a que se comparta el poder. Terminan apuntalando élites autocráticas que precluyen los derechos universales. La prédica populista de Chávez centralizó el poder en sus manos, subvirtiendo la esencia liberal de nuestra constitución, creando un poder político de facto, sin contrapeso alguno, que “bypasseó” el ordenamiento político (liberal de jure).
El poder autoritario que fue emergiendo introdujo una mezcla de incentivos y castigos particulares, que prohijaron conductas y valores específicas a su favor. La lealtad sustituyó al mérito, la obediencia al pensamiento crítico, la regimentación de la vida a la libertad. Se fue forjando una institucionalidad política informal, también de naturaleza extractiva, que no tardó en reflejarse en leyes punitivas y controladoras, para concentrar aún más el poder. Se impuso la censura y las restricciones de todo tipo.
La enorme discrecionalidad con que ello dotó a Chávez y a sus adláteres para usufructuar la renta petrolera permitió premiar lealtades y conductas sumisas, “legitimadas” con una discurso maniqueo, propio de la naturaleza fascista del régimen que se fue instalando. Se cebó en el señalamiento de “enemigos”, internos y externos que amenazaban con acabar con la “revolución”. La política abandonó su acepción liberal de competir con propuestas para captar o promover las preferencias mayoritarias, por un ejercicio de guerra, en el que se desconocen los derechos del adversario, convertido ahora en enemigo, y se busca su aniquilación. El chavismo asentó unas “reglas de juego” –una institucionalidad informal– que, coadyuvado por el reparto entre sus partidarios de los mayores ingresos petroleros jamás conocidos, desplazó las reglas de juego formales de la constitución liberal. Muerto Chávez, sus sucesores terminaron de montar, bajo tutela cubana, un Estado de terror, alegando tal “guerra”.
El madurismo, pese a su descomunal fracaso y el rechazo creciente de la población, se perpetuó demoliendo el ordenamiento constitucional para nutrir las complicidades que sostenían ese Estado de terror. Podemos referirnos a una institucionalidad paralela, informal, con una base de sustento cada vez más precaria, hasta que implosionó al desconocer la voluntad popular el 28J de 2024.
Pero sus dificultades de gobernanza han perdurado, no obstante la detención de Maduro. A pesar de haber aprobado presurosamente leyes que pretendían restablecer algunas garantías –de Amnistía, de Hidrocarburos– los valores, premios y castigos compartidos con aquél no desaparecieron. La amnistía mostró ser selectiva, a discreción de jueces y funcionarios politizados; la semana pasada fue reprimida una movilización pacífica exigiendo mayores salarios; se nombra a Larry Devoe, conocido por intentar blanquear ante el Consejo de DD.HH. los crímenes de lesa humanidad del fascismo madurista; y se mantiene al frente de la FAN, en la figura de Gustavo González López, a los responsables de la represión de la disidencia, sin mencionar a Diosdado Cabello. El protectorado gringo, empeñado en “estabilizar” las condiciones que permitan la explotación creciente del petróleo venezolano, parece mirar hacia otro lado o, peor aún, aplaudir la actuación de su presidente designada, Delcy Rodríguez. Es que ella asegura el mantenimiento de las instituciones extractivas que fundamenta sus propósitos.
De manera que nos encontramos en un limbo institucional, una pugna sorda con reglas de juego que no son compatibles con la democracia liberal, pero que se cobija bajo la imagen de “apertura”, “convivencia y paz” pregonadas por los hermanos Rodríguez. Jorge, muy orondo, aparece opinando, “inocentemente”, la conveniencia de postergar cualquier elección hasta que se termine de estabilizar el país. Y sucede que el caos, la violencia y el colapso de los servicios, que podrían justificar su argumento, sólo se explican por la perpetuación de relaciones e intereses que se forjaron con Maduro, entre las cuales está él. De ahí la búsqueda de culpables –la peregrinación propuesta por Delcy para eliminar las sanciones–, en vez de efectuar los cambios fundamentales para superar esta situación.
La única manera de sobreponernos al impasse existente entre las reglas de juego impuestas por la dictadura, y la instauración de garantías que hagan realidad los derechos consagrados en nuestra constitución, es la ejecución de elecciones creíbles, abiertas y bajo supervisión internacional, para que se exprese la voluntad popular con sus valores libertarios y de justicia social, así como las costumbres de convivencia, respeto por el otro y premiación del esfuerzo que fundamentan la institucionalidad democrático-liberal que deseamos. El regreso, en disfrute pleno de sus derechos, de María Corina Machado y de tantos otros, será decisivo para que, entre todos, podamos inclinar, a favor, la balanza.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
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