Los inmigrantes que reciban una resolución negativa a su proceso de regularización extraordinaria permanecerán en España tal y como estaban: en situación irregular. El Gobierno, que calcula un total de 500.000 beneficiarios finales de esta medida, no expulsará a las personas que no obtengan los papeles tras haber iniciado el trámite.
Por: El Mundo
Así lo han afirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que llevado al Consejo de Ministros el real decreto que regularizará de forma extraordinaria a estas personas. De acuerdo con las observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido el texto, que ahora obliga a que los extranjeros certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse, toda vez que el Ejecutivo colaborará con ellos para maximizar el número de beneficiarios de esta medida.
Desde ahora, los interesados en acogerse a la regularización disponen de un mes para solicitar un certificado de antecedentes que demuestre que carecen de ellos en España y en el país de origen desde los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud. Las fuentes del Ministerio consultadas precisan que, en el caso de haber vivido en otro país diferente a los ya citados, también deberán solicitar este certificado en esos lugares. Si no consiguen recabar esta documentación, el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá solicitarla por la vía diplomática en un plazo de tres meses.
Los extranjeros podrán presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial, con cita previa y en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, entre este jueves 16 de abril y el próximo 30 de junio de 2026.
Además del certificado de antecedentes, deberán acreditar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, que han permanecido en el país al menos cinco meses consecutivos y que no representan «una amenaza para el orden público». Además, deberán acreditar uno de estos tres requisitos: tener algún vínculo laboral en España, que permanecen en el país junto a su familia si hay hijos menores o personas dependientes o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
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