¿Invertiría una petrolera USD 12.000 millones a 20 años en un país donde la ley es «caprichosa»?
La declaración de Delcy Rodríguez inconstitucional y caprichosa declarando arbritariamente el fin de la Ley de Amnistía es una bandera roja para las empresas.
Para el abogado de una petrolera, la estabilidad legal es un activo financiero. Si el Ejecutivo de Venezuela anula leyes de forma unilateral o vía un TSJ subordinado, el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) se rompe. El riesgo país deja de ser una cifra y se vuelve una amenaza real.
Las empresas analizan este comportamiento como un síntoma de:
1- Inexistencia de Cosa Juzgada (nada es definitivo).
2- Indefensión (el TSJ es brazo ejecutor, no árbitro).
3- Asimetría (el Estado puede romper el pacto cuando quiera).
Sin reglas claras, no hay inversión.
Nadie mete capital en activos fijos donde la propiedad depende del humor del gobernante. Por eso, las petroleras hoy prefieren esquemas de cobro de deuda o servicios rápidos. Buscan retorno inmediato porque el largo plazo es jurídicamente inexistente. No pasan de Opex a Capex, por mucho que el ministro de Energía de EEUU les ofrezca el paraíso.
La seguridad jurídica es indivisible. Los abogados de las ptroleras internacional (IOC) tienen memoria y aplican el «once bitten, twice shy«: tras las expropiaciones pasadas como Exxon y Conoco, cualquier «bejuco» legal los hace saltar.
Sin confianza institucional, no habrá capital de largo plazo.
X @morandavid