El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará los argumentos sobre la iniciativa de la Administración del presidente Donald Trump para poner fin a la protección que reciben las personas que huyen de la guerra y los desastres naturales en países de todo el mundo, incluidos Haití y Siria.
Este lunes el Supremo tomó la decisión de escuchar los argumentos después de que el caso haya llegado desde las instancias inferiores, ya que numerosos jueces han retrasado el fin de las protecciones que permitían a las personas con estatus de protección temporal vivir y trabajar en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia apeló estas resoluciones y ahora será el Supremo el encargado de valorar la legalidad o no de la medida adoptada por el Gobierno.
La Administración Trump sostiene que el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras protecciones humanitarias se han «mal utilizado», por lo que están intentando que ciudadanos de países en guerra o afectados por desastres naturales pierdan esta cobertura especial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intenta eliminar el TPS para ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudán, Siria, Venezuela, Afganistán, Myanmar y Camerún.
Algunos tribunales federales han bloqueado o retrasado la terminación de la protección, de manera que los ciudadanos de algunas de estas nacionalidades, como los de Siria o Haití, aún están amparados bajo el TPS mientras el proceso judicial sigue abierto.
Respecto a Siria, Seguridad Nacional sostiene que, tras la caída del régimen de Asad, Siria está «en proceso de estabilización institucional» y ya no hay un conflicto generalizado que impida el retorno seguro de sus ciudadanos.
Y sobre Haití, desde el Departamento de Seguridad se ha afirmado que «la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente» como para que sea seguro que los haitianos regresen, obviando informes de organizaciones humanitarias que apuntan a la grave inseguridad y violencia.
La política migratoria de Trump en este segundo mandato se ha caracterizado por su dureza y su carácter restrictivo y ha protagonizado alguno de los momentos de más tensión parlamentaria.
De hecho, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis, el pulso entre demócratas y republicanos se elevó provocando el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.
Por el momento, el cierre se mantiene y las peticiones de los demócratas para respetar los derechos de los migrantes, como exigir órdenes judiciales para detenciones o registros, siguen a la espera de ser aprobadas.
EFE