La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, lanzó este miércoles 25 de marzo un llamado público al régimen chavista liderado por Delcy Rodríguez para que se garantice la transparencia, el mérito y la integridad en los nombramientos de las máximas autoridades encargadas de proteger los derechos fundamentales en Venezuela.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Satterthwaite instó a que los nombramientos del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, previstos para el 27 de marzo, se realicen de forma impecable, conforme a estándares internacionales de independencia judicial y respeto al Estado de derecho.
«La designación de quienes lideran la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo debe basarse en el mérito demostrado, la integridad ética y la probidad profesional, así como ajustarse estrictamente a las normas constitucionales y legales vigentes», señaló la relatora.
Su mensaje subraya que estas instituciones juegan un papel «crucial en la protección de derechos humanos, la rendición de cuentas y la supervisión de la legalidad en Venezuela».
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Según los estándares de derechos humanos vigentes, las altas autoridades encargadas de velar por la justicia y la protección ciudadana deben ser seleccionadas mediante procesos transparentes, imparciales y con evaluación objetiva de sus capacidades, para asegurar su independencia frente a presiones políticas.
La Defensoría del Pueblo, en particular, ha enfrentado críticas sobre su independencia en años recientes, ya que observadores internacionales señalaron debilidades institucionales en su funcionamiento y en los procesos de selección de sus titulares.
En su pronunciamiento, Satterthwaite enfatizó que la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados en estos nombramientos tienen la responsabilidad de garantizar que las designaciones se lleven a cabo conforme a la ley y respetando los principios democráticos.
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Esto incluye garantizar que no existan interferencias indebidas, que se respete el debido proceso en las evaluaciones y que la ciudadanía reciba información clara sobre el procedimiento de selección.