El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el ciudadano Romy Luis García Calderón, recluido en el Internado Judicial Rodeo II, permanece “ilegalmente privado de su libertad” desde hace ocho días, luego de haber cumplido la totalidad de la condena que le fue impuesta por la justicia venezolana.
De acuerdo con sus familiares, García fue detenido el 8 de octubre de 2018 y posteriormente condenado a una pena de siete años, siete meses y 15 días de prisión. Según el cómputo oficial de la sentencia, la condena expiró el 8 de mayo de 2026.
“El juez de ejecución correspondiente no ha emitido la boleta de excarcelación, incumpliendo con la obligación descrita en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, que lo obliga a decretar la extinción de la pena de forma inmediata, lo que deviene en una prolongación arbitraria de la reclusión y en un grave escenario de retardo procesal”, escribió el OVP en su cuenta de X.
El observatorio indicó que los familiares sostienen que el retraso también incumple lo establecido en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, normativa que obliga al juez de ejecución a decretar de manera inmediata la extinción de la pena una vez cumplida la condena.
La respuesta de las autoridades
El OVP indicó que los familiares de García denunciaron que las autoridades del penal únicamente han respondido que “no han recibido la orden de liberación”.
En ese sentido, señalaron que el consultor jurídico del centro penitenciario tendría la obligación de informar al tribunal sobre la situación y solicitar la liberación inmediata del interno, quien continúa recluido pese a haber cumplido su sentencia.
Los parientes aseguraron, además, que durante el cumplimiento de la condena se produjeron reiteradas vulneraciones a sus derechos humanos. Indicaron que la sentencia contemplaba fechas específicas para optar a medidas alternativas de cumplimiento de pena, entre ellas destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional y confinamiento.
No obstante, afirmaron que, aunque la defensa introdujo oportunamente las solicitudes correspondientes, el tribunal nunca emitió respuesta sobre estos beneficios, lo que consideran una vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, establecidos en los artículos 49 y 26 de la Constitución.
Según la denuncia, García continúa compartiendo espacios con la población penal general en Rodeo II, pese a haber cumplido completamente la pena impuesta. Los familiares informaron que el caso será documentado y presentado ante instancias internacionales de derechos humanos.
También recordaron que el Internado Judicial Rodeo II mantiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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