La abogada defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento político Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, exigió este jueves 7 de mayo una investigación “seria, independiente y transparente” tras confirmarse la muerte del preso político Víctor Hugo Quero bajo custodia del régimen chavista.
Por: lapatilla.com
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Solórzano cuestionó el comunicado emitido por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, en el que se informó que Quero falleció mientras permanecía detenido por el Estado venezolano.
De acuerdo con la dirigente opositora, el propio documento oficial reconoce que Víctor Hugo Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. Posteriormente, habría sido trasladado el 15 de julio de 2025 al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde finalmente murió el 24 de julio de ese mismo año.
“La vida de un privado de libertad no puede quedar diluida en el silencio institucional”, expresó Solórzano en su publicación, al tiempo que recordó que el artículo 43 de la Constitución venezolana establece la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad.
La líder de Encuentro Ciudadano subrayó que dicha responsabilidad incluye garantizar la integridad personal, la salud, el debido proceso y la información oportuna a los familiares de los detenidos.
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Asimismo, Delsa denunció que durante meses, la familia de Quero no habría recibido información clara sobre su paradero, pese a acudir a distintas instituciones del Estado en busca de respuestas.
“Si hoy se reconoce oficialmente que había fallecido desde julio de 2025, estamos ante hechos que exigen una investigación seria, independiente y transparente”, afirmó.
Solórzano sostuvo que “no basta un comunicado” y exigió la entrega inmediata de todos los documentos médicos, penitenciarios, judiciales y administrativos relacionados con la detención, traslado, hospitalización, fallecimiento e inhumación de Víctor Hugo Quero.
La dirigente también pidió que se determinen responsabilidades y que se garantice “la verdad, justicia y reparación” para la madre y familiares del fallecido.
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El caso vuelve a generar cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión y el trato a los presos políticos en Venezuela, especialmente en centros penitenciarios bajo control del Estado.
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