El calendario marca una cifra simbólica: 100 días. Desde aquel 3 de enero, cuando la estructura del régimen se reconfiguró bajo el mando de Delcy Rodríguez, la narrativa oficial se ha esmerado en vender una «nueva etapa» de eficiencia y apertura.
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Sin embargo, en las calles de Cumaná, el eco de los anuncios que nacen en Caracas llega distorsionado, debilitado por la misma precariedad de siempre. Lo que para el discurso gubernamental es un «giro de timón», para quienes producen, educan y defienden los derechos en el estado Sucre, se siente como un cambio de nombres sobre los mismos vicios de siempre.
Para el sector empresarial cumanés, la luna de miel de la “nueva gestión” nunca existió. La percepción general es de una inercia pesada que asfixia la productividad.
Pablo Gatto, empresario vinculado al gremio en la capital sucrense, es tajante: “Las reglas del juego no solo no han mejorado, sino que se han endurecido”. Gatto acuña un término que resuena con fuerza en el actual contexto: «empresofobia».
«Aún hay situaciones en las que el trato al comerciante es discriminatorio por defecto, al punto de convertir el comercio y la empresa en algo innecesariamente difícil e, incluso, prohibitivo», afirmó Gatto en entrevista con el equipo de La Patilla en la entidad.
Esto lo reafirma la periodista y empresaria Jessica Salinas. Su visión desnuda la brecha geográfica de la gestión de Rodríguez: «El discurso de Miami no llega a Cumaná».
Salinas advirtió que la supuesta apertura económica parece diseñada para el gran capital externo, mientras el comerciante de a pie sigue lidiando con un Seniat que inspira el mismo «miedo» de siempre.
«El descuido tiene otra cara, pero es el mismo descuido», sentenció, recordando que los anuncios de mejora eléctrica han derivado en nuevos cronogramas de racionamiento.
Aulas en resistencia
Si en el sector comercial hay asfixia, en las escuelas de Sucre el diagnóstico es de abandono estructural. Para el magisterio, estos 100 días han significado la confirmación de una «confiscación de derechos». Gregory Quijano, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Sucre, despoja a la gestión de cualquier maquillaje.
«A razón del sistema educativo, no ha cambiado nada». Quijano denunció que el Estado ha delegado el costo de la educación en los hombros de los docentes y los representantes.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha quedado reducido a carbohidratos, obligando a las comunidades a organizar colectas para completar la dieta de los niños. Mientras tanto, infraestructuras icónicas como la Escuela Técnica Industrial Emilio Tebar Carraco y el Modesto Silva, languidecen sin techos ni cercas perimetrales desde hace años.
En lo contractual, la decepción es total. «Un bono de inicio de año escolar de 12,50 bolívares es una burla cuando un pasaje cuesta 100 bolívares», fustiga Quijano, señalando que el instructivo Onapre sigue siendo la guillotina del salario docente.
Sed y oscuridad en el barrio
En las comunidades populares, el balance se mide en baldes de agua. Deysi Vallejo, líder comunitaria del Barrio Venezuela, calificó la gestión como «mala» y aseguró que en su zona no se ha visto a ningún ente gubernamental en este trimestre.
Su clamor es el de miles: Cumaná, junto a localidades como Araya y Marigüitar, ha atravesado un calvario de más de 40 días sin agua por tuberías.
Esta crisis hídrica, sumada a los retrasos en la distribución de gas y las fallas eléctricas, ha llevado a los líderes vecinales a un punto de quiebre.
En el sector de El Peñón, el líder comunitario Andrés Martínez resumió el sentimiento de estancamiento.»Uno está feliz porque se los hayan llevado, pero ni tanto por lo lento que ha sido todo. Aquí en Sucre estamos llegando al llegadero”, aseveró.
El cerco invisible
Trabajar con la sociedad civil organizada sigue siendo una labor de alto riesgo en esta región del oriente venezolano. «Andrés» (nombre protegido por temor a represalias), activista de una ONG local, explicó que la desconfianza estatal no se ha movido un milímetro. Para él, la política social de Rodríguez carece de transparencia y profesionalización.
«Los cambios que estamos viendo parecen ser solo de roles, sin ningún cambio en el fondo ni rendición de cuentas. Es un cambio de actitud impuesto para sobrevivir al nuevo contexto, no un despertar de conciencia», señaló el activista defensor de derechos humanos.
Al cumplirse este primer hito de 100 días, el balance en el estado Sucre es una policromía de sombras. El diagnóstico es coincidente: el cambio ha sido estético, pero no estructural. Los vicios de la gestión anterior —la presión fiscal, la opacidad, el cerco a la disidencia y el abandono de los servicios— siguen siendo los pilares de la administración actual.
Los 100 días han servido para confirmar que un nuevo apellido en el despacho presidencial no basta para llenar las tuberías de Sucre ni para devolverle la dignidad al salario de un maestro. Para el ciudadano de a pie, el reloj sigue corriendo y la paciencia parece haber llegado a su límite. En la Cumaná de abril de 2026, la «nueva etapa» sigue siendo una promesa que no se puede beber ni se puede comer.
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