La organización Transparencia Venezuela propuso en su informe del mes de abril la necesidad de derogar un paquete de leyes aprobadas entre los años 2014 y 2024 en el país para frenar la consolidación de mecanismos represivos y la reducción del espacio cívico.
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El documento de la institución detalló que normativas como la Ley Antisociedad, la Ley contra el Odio, la Ley Antibloqueo y la Ley Bolívar carecen de bases constitucionales sólidas. Los estatutos evaluados limitan el trabajo humanitario, legalizan la opacidad en la gestión pública y dificultan la recuperación económica de la nación.
En este sentido, la asociación civil argumentó que diversas regulaciones surgieron de instancias incompetentes para legislar, como la extinta Asamblea Nacional Constituyente, un factor que compromete su legitimidad jurídica desde el origen. «La derogación de estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela», indicó el reporte oficial.
Así mismo, el texto evidenció que medidas impositivas como la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y la Ley de Protección de las Pensiones originan dobles cargas tributarias que merman la sostenibilidad empresarial. Estos instrumentos fiscales y parafiscales sostienen recaudaciones secretas ante la falta de publicación de la Ley de Presupuesto y las estadísticas del Estado.
Por último, el análisis determinó que la anulación de este marco legal resulta jurídicamente viable y no genera vacíos legales en el sistema venezolano. La organización concluyó que una Asamblea Nacional electa bajo garantías plenas de participación ciudadana asume el deber de crear y reformar el ordenamiento jurídico necesario para el país.
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