La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.
La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen «motivos fundados» para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de «ejecuciones extrajudiciales».
La Sala basó su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso.
Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio.
La CPI subrayó que el proceso respetará las garantías de un juicio «justo e imparcial», otorgando a la defensa «tiempo suficiente» para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.
El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.
Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del año pasado.
La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se pronunció hoy el tribunal, se celebró este febrero sin la presencia del acusado, quien renunció a su derecho a asistir personalmente a la sala o a intervenir por videoconferencia, alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI.
Sin embargo, un panel médico independiente había concluido unos días antes que Duterte estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar del procedimiento, aunque ahora que el caso va a juicio su defensa podría pedir nuevas pruebas médicas si así lo quiere.
Durante esa sesión de febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, «en el corazón» de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y después como presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.
En una audiencia pública ayer miércoles, la Sala de Apelaciones de la CPI ya confirmó su jurisdicción en el caso contra Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad «inmediata e incondicional». EFE
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