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Gremio universitario en Bolívar rechaza política de bonificación y exige salarios dignos

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Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), expresó este 4 de mayo la profunda preocupación del sector académico frente a los recientes anuncios económicos del Ejecutivo Nacional.

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Brito, quien también habló en representación de la Coalición Universitaria integrada por la Universidad de
Oriente (UDO), Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) Antonio José de Sucre y Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), denunció que la política de ingresos centrada exclusivamente en bonos de 240 dólares profundiza la crisis laboral de los trabajadores públicos, enfatizando que un bono no constituye salario y que esta medida ignora flagrantemente los derechos de progresividad establecidos en la Constitución.

El representante gremial destacó que estos anuncios dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a sectores críticos de la comunidad universitaria, denunciando la exclusión de los jubilados y pensionados del bono por “responsabilidad”, así como la desprotección en la que quedan los sobrevivientes y pensionados por discapacidad.

Asimismo, señaló que el personal administrativo y obrero activo se ve severamente afectado por la falta de incidencia salarial de estos pagos en sus beneficios legales.

Según Brito, las actuales decisiones gubernamentales vulneran los pilares de la legislación venezolana, específicamente el artículo 89, que garantiza la progresividad de los derechos laborales, y el artículo 91, que establece el derecho a un salario digno capaz de cubrir la canasta básica.

Ante lo que califica como una gran opacidad en las tablas salariales que el Ministerio intenta imponer, el dirigente exigió sinceridad y transparencia en la gestión de los recursos.

Finalmente, el presidente de Apuneg ratificó que el sector mantendrá su lucha en las calles para exigir un presupuesto justo para las universidades, el respeto a las contrataciones y la eliminación definitiva del instructivo Onapre, asegurando que no abandonarán la defensa de los derechos de los trabajadores y sus jubilados.

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