Un acta oficial de la Defensoría del Pueblo fechada el 24 de octubre de 2025 revela que funcionarios del organismo informaron a Carmen Teresa Navas que su hijo, el preso político Víctor Hugo Quero Navas, “actualmente se encuentra” recluido en el Internado Judicial Rodeo I, pese a que el propio régimen aseguró este jueves que había muerto el 24 de julio de ese mismo año.
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El documento, firmado por la defensora Dionita Coronado en la sede de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia de una comparecencia realizada por la madre de Quero tras meses buscando información sobre el paradero de su hijo.
Según el acta, una comisión de la Defensoría acudió el 23 de octubre de 2025 a la Fiscalía 67 del Área Metropolitana de Caracas, donde funcionarios del Ministerio Público indicaron que Víctor Hugo Quero estaba siendo procesado por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración y terrorismo” y que “actualmente se encuentra en el Centro de Detención el Rodeo I”.
Sin embargo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que Quero murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras permanecer detenido desde enero de 2025.
La contradicción golpeó directamente la credibilidad de las instituciones del régimen. Cuando la Defensoría aseguró oficialmente a la familia que Víctor Hugo Quero estaba recluido en El Rodeo I, el preso político ya llevaba tres meses muerto bajo custodia estatal.
Así mismo, el caso profundizó las denuncias de desaparición forzada y encubrimiento institucional realizadas por organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores, quienes durante meses acusaron al régimen de ocultar información sobre el paradero del detenido.
La propia Carmen Teresa Navas recorrió cárceles, sedes policiales y organismos públicos buscando una fe de vida de su hijo mientras distintas instituciones del Estado negaban información o entregaban versiones contradictorias sobre su situación.
Además, el acta de la Defensoría demuestra que para octubre de 2025 existía un expediente activo en la Fiscalía 67 y que organismos oficiales reconocían formalmente la supuesta reclusión de Quero en El Rodeo I, pese a que el chavismo asegura ahora que ya había fallecido y sido enterrado meses antes.
El caso provocó nuevas preguntas sobre el manejo de la información dentro del sistema penitenciario y judicial venezolano, así como sobre el papel de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias en la ocultación del fallecimiento del preso político.
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