Trabajadores con décadas de trayectoria en CVG Ferrominera Orinoco alzaron su voz para denunciar una política sistemática de acoso, persecución y despidos injustificados que afecta a más de 200 empleados de la estatal.
Por lapatilla.com
Los afectados exigen al ministro del Trabajo, Alexis Castillo, el cumplimiento de la mesa de trabajo prometida para revisar casos que el propio funcionario calificó como “sicariato laboral”.
Pablo Font, con 34 años de servicio e instructor de operaciones ferroviarias, relató cómo su defensa de los derechos laborales frente al instructivo Onapre lo convirtió en blanco de represalias. Font denunció haber sido aislado por más de tres años bajo la figura de “trabajador no requerido” para luego ser forzado a una jubilación tras negarse a laborar en condiciones de inseguridad.
“Me negué a realizar labores en condiciones de inseguridad, porque he sido imagen de seguridad de la empresa. Todo esto es resultado de políticas de seguridad que se dejaron de ejecutar”, señaló Font, quien recordó accidentes fatales como los de los trabajadores Graterol y Julio Barroso, además de recientes descarrilamientos en la pendiente de San Isidro.
Opacidad y despidos indirectos
Por su parte, Miguel Córdoba, trabajador desde 1991, denunció haber sido coaccionado por la gerencia de Seguridad Patrimonial tras negarse a participar en “situaciones dudosas” relacionadas con la extracción de material estratégico.
Córdoba señala que tras la pandemia, se le impidió el reingreso y hasta la fecha no ha podido acceder a su expediente de despido en la Inspectoría del Trabajo. “Nadie con 30 años de servicio va a firmar amorosamente una renuncia a sus beneficios contractuales. Es una clara injusticia laboral que afecta a decenas de compañeros en mi gerencia”, sentenció.
Los voceros recalcaron que esta crisis de precarización laboral se agudizó desde 2018 con el decreto 2792. Hicieron un llamado urgente a las autoridades en Caracas y Bolívar para que se instalen las mesas de resolución de conflictos, advirtiendo que la situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que destruye el núcleo familiar de los trabajadores de Guayana.
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