La historia contemporánea de Venezuela no puede explicarse sin profundizar en el fenómeno del rentismo, una fuerza invisible que ha moldeado no solo nuestra economía, sino el carácter mismo de nuestra sociedad y la estructura de nuestro Estado. Durante casi un siglo, la nación se acostumbró a una dinámica de ingresos extraordinarios provenientes del subsuelo, lo que instauró una cultura donde la riqueza se percibía como un derecho de nacimiento o una concesión graciosa del poder de turno, y no como el resultado directo del esfuerzo productivo, la innovación y el trabajo sostenido. Esta mentalidad rentista transformó al Estado en el gran dispensador de la abundancia, desplazando al ciudadano de su rol como motor del desarrollo y convirtiéndolo, en muchos casos, en un actor pasivo que aguarda la redistribución de una renta que no le pertenece por creación, sino por ubicación geográfica.
El modelo rentista petrolero construyó una ilusión de modernidad que resultó ser sumamente frágil. Mientras los precios internacionales del crudo se mantenían altos, el país experimentó periodos de consumo voraz y crecimiento aparente que postergaron las discusiones fundamentales sobre la diversificación del aparato productivo. Al depender de un solo producto de exportación, la economía venezolana quedó a merced de la volatilidad de los mercados globales, sufriendo los efectos de la llamada enfermedad holandesa. Esta distorsión económica provocó que la moneda nacional se mantuviera artificialmente fuerte, abaratando las importaciones y asfixiando sistemáticamente a la industria y al agro nacional. Fue más sencillo y rentable para las élites importar lo que consumíamos que cultivar los campos o fortalecer las fábricas locales, sembrando así las semillas de la vulnerabilidad que hoy enfrentamos con crudeza.
Más allá de los indicadores económicos, el daño más profundo del rentismo ha sido de naturaleza institucional y psicológica. El Estado, al no depender de los impuestos pagados por sus ciudadanos para funcionar, perdió el incentivo para ser transparente y rendir cuentas. Un Estado que vive de la renta es un Estado que se siente dueño de la sociedad y no su servidor. Esta autonomía financiera del poder político frente a la base social debilitó los mecanismos de control democrático y fomentó una cultura de clientelismo y corrupción, donde el acceso a la renta se convirtió en el principal objetivo de la lucha política. En este escenario, la política dejó de ser un debate sobre visiones de país para transformarse en una disputa por el control de la llave del chorro petrolero, lo que degradó la ética pública y la confianza en las instituciones.
Superar el rentismo hoy no es una opción ideológica, sino una necesidad de supervivencia nacional. El colapso del modelo extractivista tradicional y las transformaciones energéticas globales nos indican que el petróleo ya no puede ser el único sostén de nuestras aspiraciones. La verdadera soberanía nacional no reside en la propiedad estatal de los yacimientos, sino en la capacidad de su gente para generar valor en libertad. Para romper estas cadenas, es imperativo promover un cambio de paradigma que coloque a la propiedad privada, la seguridad jurídica y la iniciativa individual en el centro del escenario. Necesitamos transitar hacia una economía de mercado abierta, donde el Estado se limite a garantizar servicios públicos eficientes, una justicia imparcial y un entorno que fomente la inversión nacional y extranjera sin las trabas de la burocracia asfixiante que el rentismo alimentó por décadas.
La transición hacia una Venezuela posrentista requiere de un liderazgo político con visión de Estado, capaz de hablarle con honestidad a la población sobre los desafíos que implica construir prosperidad desde el trabajo. Debemos entender que la riqueza de una nación se cultiva en sus escuelas, en sus universidades, en sus laboratorios y en sus empresas, no se extrae simplemente de un pozo. Esto implica una reforma educativa profunda que valore el mérito y la capacitación técnica, así como una reforma legal que proteja al emprendedor de los caprichos del funcionario de turno. El respeto a la propiedad privada es el pilar sobre el cual se debe edificar esta nueva etapa, pues solo quien se siente dueño de su esfuerzo tiene el incentivo real para arriesgar capital y generar empleos productivos que no dependan del presupuesto público.
Finalmente, la superación del rentismo nos exige recuperar el sentido de ciudadanía responsable. El ciudadano debe volver a ser el financiador del Estado a través de un sistema tributario justo y eficiente, lo que le otorgará la autoridad moral y legal para exigir eficiencia y transparencia a sus gobernantes. Cuando el dinero que gasta el gobierno sale del bolsillo de cada trabajador y no de la venta de un recurso natural, la vigilancia sobre el gasto público se vuelve una prioridad cotidiana. Este cambio de mentalidad es el antídoto más eficaz contra el populismo y el autoritarismo. Al romper la cadena del rentismo, no solo estaremos sanando nuestra economía, sino que estaremos sentando las bases de una democracia sólida, donde el bienestar sea el fruto de la libertad y el esfuerzo compartido de todos los venezolanos que sueñan con un país de progreso real y duradero. Solo así, con la mirada puesta en el futuro y los pies sobre la tierra productiva, podremos dejar atrás el ciclo de ilusiones y crisis que el rentismo nos impuso, para comenzar a escribir una historia de verdadera independencia y desarrollo integral.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
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