?Asistimos hoy a un fenómeno tan comprensible en lo humano como dañino en lo político: la preocupante brecha que separa el haber sido víctima de un sistema autoritario de la capacidad real para gobernar o legislar. En la dinámica venezolana contemporánea, es habitual encontrarse con liderazgos cuyo único discurso gravita en torno al agravio sufrido, la persecución padecida o los rigores del exilio. Si bien la denuncia y el testimonio de las violaciones a la dignidad humana son fundamentales para la memoria histórica y la justicia, la conducción de un país herido exige competencias muy distintas al mero ejercicio de la queja.
Confundir la resistencia moral con la aptitud gerencial es uno de los errores conceptuales más costosos que la ciudadanía sigue pagando, pues los títulos de nobleza republicana no se obtienen por el tamaño del sufrimiento, sino por la viabilidad de las soluciones.
?Cuando analizamos qué ocurre en la mente de estos actores políticos y por qué caen en un bucle reiterativo de autorreferencialidad, lo primero que salta a la vista es la instrumentalización de lo que llamo el «capital del sufrimiento». Para muchos dirigentes que carecen de una sólida trayectoria académica o de una preparación técnica comprobable, haber pasado por los calabozos del régimen o haber tenido que huir de forma intempestiva del país se convierte en su única moneda de cambio y en su única credencial.
Hablar del pasado y rememorar el trauma es un ejercicio discursivo gratuito que apela directo a la emoción colectiva; por el contrario, diseñar un plan de vialidad urbana, articular soluciones para el colapso de los servicios públicos o estructurar un presupuesto municipal bajo hiperinflación exige un rigor conceptual y un esfuerzo técnico que muchos simplemente no saben o no desean realizar.
Esta preocupante falta de currículum técnico produce, colateralmente, una suerte de blindaje ético perverso donde el exilio o la prisión se utilizan como un escudo moral ante cualquier intento de auditoría ciudadana. Cuando el electorado o la prensa independiente cuestionan la ausencia de propuestas programáticas o la viabilidad de sus proyectos, la respuesta automatizada de estos liderazgos suele ser la descalificación del interlocutor bajo la premisa de que «tú no puedes hablar porque no padeciste lo que yo sufrí». De esta manera, el trauma personal deja de ser una herida histórica para transformarse en un chantaje político que clausura el debate de ideas, cancela la autocrítica y eleva al dirigente a un estatus de intocable, eximiéndolo de la engorrosa tarea de demostrar si está verdaderamente capacitado para gestionar el Estado.
A este fenómeno se suma un factor geográfico y temporal adverso que denomino el «efecto eco» del exilio. Cuando un político se ve forzado a abandonar Venezuela o pasa años aislado en una celda, su reloj sociopolítico suele detenerse de forma abrupta en el instante preciso en que ocurrieron sus hechos traumáticos. El problema radica en que la Venezuela actual posee dinámicas económicas, códigos de supervivencia y configuraciones sociales profundamente distintas a las de hace un lustro o una década. Al permanecer atrapados en la nostalgia de la Matrix que dejaron atrás, estos actores pierden irreversiblemente el pulso de la calle, ignorando que el ciudadano común ha desarrollado mecanismos de resiliencia y lógicas de mercado que ya no encajan en los diagnósticos estáticos que ellos repiten desde el exterior.
Esta desconexión con el territorio nacional altera de forma drástica la selección de su público objetivo. El político que padece este síndrome ya no le habla al ciudadano de a pie que en Maracaibo, Valencia o San Cristóbal sufre los rigores diarios de los apagones o la escasez de agua; por el contrario, su discurso se reorienta hacia la comunidad internacional, las organizaciones multilaterales o la propia diáspora. El motivo es estrictamente pragmático: para la burocracia global y las audiencias externas, la narrativa de la víctima y el relato de la persecución política venden mucho más y resultan más rentables económicamente que un riguroso proyecto de ordenanza municipal. Se prioriza la relevancia mediática y el financiamiento internacional por encima de la pertinencia social y la solución de los problemas reales de las regiones.
Es fundamental, por lo tanto, establecer una frontera pedagógica y conceptual entre el activismo de derechos humanos y la gestión de la política pública. El activista cumple una labor noble, necesaria y urgente: documentar el atropello, visibilizar la injusticia y exigir reparación ante los organismos pertinentes. Sin embargo, el político —aquel que aspira a una alcaldía, una gobernación o una curul legislativa— tiene el deber ineludible de proponer cómo va a resolver el caos cotidiano dentro de la realidad fáctica que existe, por más adversa, restrictiva o autoritaria que esta sea. Confundir ambos roles desnaturaliza la función pública, pues el activismo se nutre de la denuncia del pasado, mientras que la política se valida únicamente en la transformación del presente y la planificación del porvenir.
?Cuando un político exiliado o “autoexiliado” restringe su oferta electoral a la reiteración obsesiva de su historia de persecución, nos está demostrando que concibe la práctica política como una constante catarsis personal y no como una herramienta de transformación colectiva. Estamos frente al síntoma inequívoco del «héroe del pasado» que sufre de vértigo ante la complejidad del presente y que carece de las herramientas intelectuales para descifrar el futuro. El aferramiento al estatus de mártir denota una profunda comodidad psicológica: el pasado es un territorio conocido que otorga identidad y legitimidad automática, mientras que gobernar el presente exige adaptación, madurez intelectual, concertación y una constante demostración de aptitud técnica que no todos poseen.
?A modo de conclusión, considero indispensable que la sociedad civil venezolana madure en sus procesos de selección de liderazgos y entienda que el sufrimiento no confiere lucidez gerencial. La ciudadanía actual, extenuada por el colapso sistémico pero profundamente pragmática en su cotidianidad, ya no busca mártires a quienes compadecer ni héroes caídos que se quejen del foso en el que nos encontramos; lo que urge y se demanda son gerentes capaces, estadistas con visión de futuro y legisladores con los pies en la tierra que entiendan cómo sacarnos de él. La legitimidad de origen basada en el sacrificio personal debe ceder el paso, de una vez por todas, a la legitimidad de ejercicio basada en la eficiencia, el conocimiento y la capacidad real de gestión.
@IvanLopezSD
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