La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público informó el 4 de mayo que el fiscal general de la República, Larry Devoe, notificó que no dará curso a una solicitud de información relacionada con la implementación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2026.
De acuerdo con lo publicado en la página web de la ONG, la petición —realizada junto al Centro de Derechos Humanos de la UCAB— buscaba obtener datos detallados que permitieran evaluar el alcance de la normativa. Sin embargo, el Ministerio Público respondió que la solicitud no cumplía con los requisitos legales establecidos.
En la publicación, Espacio Público compartió la misiva emitida por el organismo, con fecha del 30 de abril, en la que también se observa la firma del fiscal general.
“No se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9, numeral 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”, dice el documento.
Lo que solicitaban las organizaciones
Entre los datos requeridos por las organizaciones estaban cifras sobre boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, personas beneficiadas bajo medidas cautelares y un desglose por estados de casos en los que se habrían detectado procedimientos policiales arbitrarios.
También solicitaron información detallada por centros de detención, incluyendo el listado de recintos donde se han concretado excarcelaciones y la cantidad de beneficiarios en cada uno.
A esto se sumaban datos sobre solicitudes de amnistía declaradas improcedentes o inadmisibles (con sus fundamentos jurídicos), así como denuncias por retrasos o incumplimientos en la ejecución de estas medidas.
En su respuesta, Devoe hizo referencia a un boletín de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicado el 22 de abril, en el que se reporta que 8.616 personas han sido beneficiadas por esta legislación.
Según lo expuesto por Espacio Público, la negativa del Ministerio Público limita el acceso a información de interés público y dificulta la contraloría social. La organización sostuvo que la publicación de cifras agregadas no permite evaluar con precisión el impacto de la ley en la población beneficiada.
“La respuesta del Ministerio Público no solo contraviene los estándares internacionales de transparencia, sino que pretende condicionar un derecho humano fundamental a la discrecionalidad administrativa. Al alegar una supuesta falta de ‘motivos’ para acceder a datos estadísticos, la Fiscalía levanta una barrera burocrática que impide evaluar la eficacia real de la Ley de Amnistía”, escribió Espacio Público.
Las organizaciones exigieron la entrega de la información desagregada solicitada y recordaron que el acceso a estos datos no debe estar condicionado. Asimismo, instaron a que se respete el principio de máxima divulgación contemplado en la legislación, como garantía de transparencia en la aplicación de la ley.
La entrada Denunciaron que Larry Devoe se negó a dar detalles sobre la aplicación de la Ley de Amnistía se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.