Este lunes comienza el plazo en España para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes para todos aquellos que hayan pedido previamente cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para empezar los trámites.
El pasado jueves, 16 de abril, comenzó el proceso solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para las gestiones de manera presencial.
Para ello, el Gobierno ha habilitado 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes; 371 de Correos en capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes y cinco de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.
Podrá beneficiarse de la regularización aquellas personas (al menos medio millón según los cálculos) que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron la petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.
Deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y, solo en algunos casos, un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
Los beneficiarios obtendrán una autorización provisional para residir y trabajar en España durante un año. Después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga de otro año.
En España hubo varias regularizaciones de este tipo desde los años ochenta del siglo XX. La última ante de esta fue la de 2005, y posibilitó que 576.506 extranjeros salieran de la situación irregular.
Fue la de mayor alcance hasta el momento y, por primera vez, se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigía un contrato de trabajo firmado por un empresario. EFE
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