La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el viernes 15 de mayo su preocupación por los presos políticos en Venezuela, por lo que pidió la liberación inmediata de todos.
A través de un comunicado, la CIDH también condenó la muerte de presos políticos bajo custodia del Estado. Recordó, que de acuerdo con reportes de organizaciones, al menos 18 personas detenidas por razones políticas han fallecido en este contexto, siendo el caso más reciente el de Víctor Quero Navas.
El organismo aseguró que siguen recibiendo denuncias constantes sobre el uso de la privación de la libertad como mecanismo de control, censura y represalia.

“La privación arbitraria de la libertad, caracterizada por graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales tanto en las personas que la sufren y sus familias, así como en la sociedad en su totalidad, constituye una grave violación a los derechos humanos. En esta línea, está expresamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, su uso por motivos políticos constituye una de las expresiones más graves del debilitamiento del Estado de Derecho y un menoscabo a los principios democráticos que sustentan el Sistema Interamericano”, detalló la CIDH en el texto.
Críticas a la Ley de Amnistía
La CIDH aseguró que las medidas adoptadas por el Estado para la liberación de presos políticos han tenido “un alcance limitado y aplicación reducida”. “La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026, benefició a más de 8.000 personas según fuentes oficiales. Estas cifras contrastan con las recogidas por sociedad civil, que indican que solo 186 personas resultaron favorecidas y obtuvieron libertad plena, mientras que otras 554 personas excarceladas permanecen sometidas a medidas cautelares que restringen sus derechos -sin sobreseimiento ni libertad plena”, afirmó.
A su vez, condenó la decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía, pese a cuestionamientos sobre su competencia constitucional para revocar una ley promulgada por la Asamblea Nacional.
“Esta circunstancia corrobora que en Venezuela no existe separación e independencia de los poderes públicos y que el Sistema de Justicia continúa operando como un apéndice del Poder Ejecutivo, perpetuándose la ausencia de un Estado de Derecho”.
CIDH pidió elecciones transparentes
La comisión reiteró su pedido de libertad para todos los presos políticos y llamó a garantizar el acceso pleno y verificable a las listas de personas detenidas y procesadas por motivos políticos, además de las beneficiarias de amnistía y su estado procesal.

También pidió al gobierno encargado dar un paso al proceso de restauración del orden democrático y el Estado de derecho en Venezuela e instó a la comunidad internacional a exigir condiciones que permitan la celebración de elecciones justas y transparentes.
“La CIDH reitera su disposición firme e inquebrantable de realizar una visita in loco al país, para observar la situación de derechos humanos en el territorio venezolano”.
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