La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el fruto de la primera fase de la operación, en la que se detuvo a su socio, Julio Martínez, el pasado 12 de diciembre. La documentación intervenida sirvió para cimentar el presunto delito de tráfico de influencias por parte de una organización criminal en cuya cúspide el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno. La tesis de la investigación es que hubo una apropiación indebida del rescate gracias al tráfico de influencias ejercido por la organización criminal, que después procedió al ocultamiento y blanqueo de los beneficios obtenidos. Plus Ultra no debería haber recibido el rescate, según las pesquisas de la Udef, por no ser empresa estratégica y tener otros escollos, como incumplimientos con la Seguridad Social y problemas de fondo que desaconsejarían la inyección de dinero público. Ahí es donde intervino presuntamente Zapatero, que, tirando de sus influencias políticas, logró que la Sepi aprobara el rescate de 53 millones de euros en préstamos.
Por abc.es
El expresidente camufló esa influencia usando lo que fuentes de la investigación califican como «testaferros» y «cortafuegos», que son personas de su entorno que hacían las gestiones en su nombre. Se trata del propio Julio Martínez y también de Gertrudis Alcázar, la secretaria oficial de la oficina del expresidente del Gobierno, que se financia con una asignación pública. Ese presunto tráfico de influencias al que apuntaban las evidencias obtenidas en diciembre se trató de camuflar como asesoría y lobby, pero no eran trabajos lícitos sino un intento de dar licitud a lo que puede ser un delito de los artículos 428 a 430 del Código Penal. La influencia ilícita se ejerció sobre el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas, el organismo clave para decidir qué compañías tenían derecho al rescate público.
Los beneficios de la trama supusieron un aumento del patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sobre este aspecto aún no se ha profundizado, pues se abordará en una fase posterior. La investigación, en la que se ha llegada a intervenir las comunicaciones del expresidente socialista, partió de la presunta ilicitud del rescate, ha avanzado ahora por el tráfico de influencias necesario para obtener los fondos y la ocultación y blanqueo del dinero. El siguiente paso será evaluar el enriquecimiento presuntamente ilícito de los miembros de la organización criminal, lo que incluirá casi con toda seguridad un informe patrimonial de Zapatero y de su entorno más cercano, es decir, sus hijas.
En el auto de imputación y primera resolución conocida tras el levantamiento del secreto de la causa, el instructor Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
El magistrado destaca en concreto que en dicha presunta trama de tráfico de influencias, el expresidente se habría organizado con personas de su entorno más próximo, como su secretaria, Gertrudis Alcázar, el asesor de Plus Ultra Julio Martínez y el empresario Manuel Aaron Fajardo García para acordar un «reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos».
Los investigadores ven claro que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
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