
Bajo una lluvia persistente que no logró enfriar el descontento social, diversos sectores de la sociedad civil y gremios profesionales del estado Mérida se concentraron este miércoles en el sector Pie del Llano.
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La jornada, denominada el «Trancazo de los Trabajadores», tuvo como objetivo denunciar la precariedad económica y lo que los manifestantes califican como una «miseria salarial» que pulveriza la calidad de vida en la región andina.
Representantes de los sectores salud, educación, construcción y telecomunicaciones unieron sus voces para exigir el cumplimiento de los derechos constitucionales.
Durante la movilización, Carlos Guerrero, líder del sector salud y representante de la CTV seccional Mérida, enfatizó que la protesta es una demostración de unidad indispensable para visibilizar la realidad de una clase trabajadora que se niega a rendirse frente a la crisis.
Con pancartas y banderas, los asistentes buscaron sensibilizar al colectivo merideño sobre la urgencia de recuperar la dignidad laboral.
El foco central del reclamo fue la destrucción sistemática del poder adquisitivo. Voceros de Acción Democrática (en resistencia) en el municipio Libertador, se sumaron a la denuncia, señalando que el salario mínimo de 130 bolívares mensuales (congelado desde el año 2022) se ha transformado en una condena a la pobreza extrema.
Guido Mercado, secretario general de esa organización, advirtió que la política económica vigente ha «vaciado de contenido» el sueldo, obligando a los trabajadores públicos a depender de bonos que no tienen incidencia en prestaciones sociales, vacaciones ni aguinaldos, siendo a todas luces insuficientes para cubrir la canasta básica.
Finalmente, Mercado cuestionó el discurso oficial de «recuperación económica», señalando que los hospitales, escuelas y universidades del Estado se sostienen exclusivamente gracias al sacrificio de un personal mal remunerado.
La jornada de protesta, que transcurrió de manera pacífica y sin incidentes, concluyó con una advertencia clara de la dirigencia gremial: la justicia social es la única vía para la estabilidad del país, y el malestar en las calles seguirá en aumento mientras no existan respuestas institucionales que dignifiquen el trabajo en Venezuela.
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