El narcotráfico vuelve a poner a prueba las relaciones entre Estados Unidos y México.
Por Juan Francisco Alonso | BBC Mundo
La decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de acusar a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colusión con el Cartel de Sinaloa —organización fundada por Joaquín «El Chapo» Guzmán y su socio Ismael «El Mayo» Zambada— ha desatado una tormenta al sur del río Grande, pues refuerza la tesis sostenida por la administración de Donald Trump de que su vecino «está controlado por los carteles».
Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran miembros destacados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) y al que pertenece la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, la atención mediática se ha centrado en Rocha. ¿La razón? Su cercanía con Amlo y las sospechas que desde hace tiempo lo vinculan con capos de la droga.
El gobernador ha rechazado los señalamientos en su contra y los ha calificado como una «calumnia» carente de «veracidad y fundamento alguno».
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Rocha habría recibido del Cartel de Sinaloa apoyo para ser electo, el cual habría incluido actos de presión contra sus adversarios. Esto, a cambio de que una vez en el cargo permitiera al grupo operar sin intervención de las autoridades estatales.
En su rueda de prensa diaria conocida como «La mañanera», la presidenta Sheinbaum señaló este jueves que «nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de EEUU) es político».
Shinbaum hizo hincapié en la defensa de la soberanía de México, señalando que era la primera vez que ocurría algo así: «Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México».
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