El primer gran juicio por la presunta corrupción vinculada al entorno de Pedro Sánchez entra en su fase decisiva tras varias sesiones maratonianas en las que han declarado más de 85 testigos, agentes de la Guardia Civil y los tres acusados.
Por Vozpópuli
La vista oral no solo ha desembocado en un choque de alto voltaje entre la Fiscalía Anticorrupción y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por la posible rebaja de pena a Víctor de Aldama a cambio de su colaboración con la justicia, sino que también deja a un PSOE visiblemente afectado por las sospechas de que el partido se financió ilegalmente.
El protagonismo de la undécima sesión del juicio por la trama de las mascarillas en el Tribunal Supremo no recayó únicamente en el acusado José Luis Ábalos, que durante más de seis horas negó haber cobrado mordidas en la compra de material sanitario y desvinculó su actuación de la contratación de su expareja, Jésica Rodríguez, en empresas públicas. También cobró especial relevancia la intervención del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.
A media tarde, tras la declaración del exministro de Transportes, los murmullos en los pasillos del Tribunal Supremo resultaban inevitables. Las fuentes consultadas apuntaban a que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, había dado la orden a Luzón de no rebajar la pena de 7 años de prisión solicitada para Aldama por la comisión de tres delitos a pesar de haber colaborado con la Justicia. Una reducción que, con casi toda seguridad, le habría permitido no entrar en prisión.
Y así fue. Tan solo una hora después de salir a la luz tal información, el fiscal Anticorrupción hizo públicas sus conclusiones definitivas y decidió no modificar las penas que, en su día, solicitó para los tres acusados: 24 años para el exministro, 19,5 para su exescolta y 7 para Aldama. Por lo que, con esta decisión, Luzón dio carpetazo a la petición formulada por el abogado José Antonio Choclán, que pedía la aplicación de la atenuante de confesión “muy cualificada” para su cliente con el fin de reducir la pena.
“Presentaré si es preciso un nuevo escrito de conclusiones definitivas, pero en lo sustancial no hay ninguna modificación. Solo haré una precisión de conceptos y corrección erratas”, expuso durante la sesión. Por otro lado, desde Anticorrupción descartan que haya habido cualquier tipo de presión por órdenes de arriba y que la decisión final la ha tenido Luzón.
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