La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la noche de este lunes 20 de abril, la suspensión inesperada de visitas en el Centro Penitenciario de Yare, situación que generó protestas y preocupación entre los familiares de los privados de libertad.
Por: lapatilla.com
De acuerdo con la denuncia difundida por el OVP en su cuenta oficial en la red social X, las autoridades del penal suspendieron la visita correspondiente al lunes 20 de abril sin previo aviso, permitiendo únicamente el ingreso de paquetería, es decir, alimentos y artículos de uso personal que llevan los familiares.
La medida provocó que decenas de parientes se concentraran en las afueras del recinto penitenciario para exigir respuestas.
“Queremos visita, queremos visita”, gritaban los familiares, quienes manifestaron su inconformidad ante la falta de información oficial.
Según testimonios recabados por la organización, ninguna autoridad explicó las razones de la suspensión, lo que generó zozobra entre los presentes ante rumores sobre una presunta situación irregular ocurrida durante la madrugada.
Familiares indicaron que observaron movimientos inusuales dentro del penal, incluyendo la presencia de unidades y ambulancias, aunque sin confirmación oficial sobre lo sucedido. “Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, relató un familiar a la prensa.
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En ese contexto, la incertidumbre se incrementó ante versiones sobre un posible traslado de internos o incluso un presunto motín ocurrido en horas de la madrugada.
Situaciones similares han sido denunciadas previamente en el mismo recinto, donde familiares han reportado restricciones de visitas y falta de información por parte de las autoridades penitenciarias, lo que ha sido considerado por organizaciones de derechos humanos como una forma de incomunicación que afecta tanto a los reclusos como a sus allegados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que suspender visitas sin causa justificada y sin informar oportunamente constituye una violación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La organización recordó que el contacto con familiares es un derecho fundamental para las personas privadas de libertad y sus seres queridos, por lo que cualquier actividad institucional, como operativos o planes especiales, debe planificarse sin afectar este derecho.
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Asimismo, el OVP señaló que la falta de información oficial incrementa la angustia de los familiares, muchos de los cuales recorren largas distancias y realizan gastos significativos para poder visitar a sus parientes recluidos.
El organismo destacó que la suspensión de visitas ignora la realidad económica de las familias, que en muchos casos invierten recursos en pasajes, logística y preparación de alimentos e insumos básicos que representan el principal sustento de los internos. Además, muchos parientes deben pernoctar en las adyacencias del penal para asegurar un puesto en la fila de ingreso, lo que agrava el impacto emocional y financiero ante decisiones repentinas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reiteró que las autoridades tienen la obligación de informar de manera transparente sobre cualquier eventualidad dentro de los centros de reclusión.
La ONG insistió en que la desinformación y el silencio institucional generan incertidumbre y constituyen un trato cruel hacia los familiares, quienes permanecen durante horas a la espera de respuestas.
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