El gremio universitario ejecuta este martes 19 de mayo un paro nacional de 24 horas que mantiene paralizadas las actividades académicas y administrativas en más de 20 instituciones de educación superior en Venezuela. La medida de protesta fue convocada de manera unitaria por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) e involucra a profesores, empleados administrativos y personal obrero.
La secretaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Corina Aristimuño, afirmó que esta paralización no solamente es un llamado de atención hacia las autoridades nacionales, “sino una vía de drenaje de la molestia que ya acumula la comunidad universitaria por más de cuatro años sin aumento de su salario base”.
Impacto de la bonificación y colapso de la previsión social
En entrevista concedida al circuito Unión Radio, la vocera destacó que la convocatoria ha sido acogida por la mayoría de las universidades del país y que el cese de actividades debe evaluarse en un contexto de asfixia presupuestaria. “La gente quiere trabajar, quiere ir a su universidad, pero definitivamente los sueldos no son suficientes para costear nada menos que el transporte para poder llegar a esa universidad”, recalcó Aristimuño.
La funcionaria insistió en que mantener congelado el sueldo base durante más de cuatro años tiene implicaciones directas y destructivas sobre el cálculo del bono vacacional, los aguinaldos de fin de año y las prestaciones sociales. Asimismo, denunció que la estructura de previsión social, costeada históricamente por los propios docentes, se encuentra desaparecida, dejando a los profesores sin ningún tipo de seguridad social.
Desigualdad extrema entre activos y jubilados
Al evaluar las últimas políticas económicas del gobierno central, Aristimuño explicó que el descontento se incrementó de forma notable tras los anuncios emitidos entre el 30 de abril y el 9 de mayo. La transformación del denominado Bono de Guerra en el nuevo Bono de Ingreso Económico profundizó la brecha laboral, debido a que este ingreso integral indexado se cancela únicamente a una parte del personal activo, excluyendo de los beneficios a los trabajadores jubilados.
Esta política de bonificación afecta directamente el funcionamiento institucional, dado que actualmente la UCV y muchas casas de estudio autónomas dependen del personal jubilado para asumir responsabilidades críticas, tales como coordinaciones de postgrado y el dictado de materias principales. “La desigualdad aún es mayor, y el malestar es mayor”, advirtió la secretaria.
Ante la falta de incentivos para el escalafón y el mérito académico, el gremio calificó como urgente el diseño de una estructura salarial real. Aunque los trabajadores reconocen la complejidad económica del país, exhortaron a las autoridades ministeriales a sentarse de manera inmediata en una mesa de diálogo con una agenda transparente que detenga el deterioro del sistema universitario nacional.
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