José Perozo, un venezolano de 24 años, vuelve a estar encerrado. En 2024 lo detuvieron durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. Esta vez había salido a llenar unos botellones en un depósito de agua cercano a su casa en Mariara, estado Carabobo, cuando una patrulla se paró a su lado. Lo detuvieron, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Su madre ha recorrido todas las sedes policiales del pueblo sin encontrarlo. “¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?”, suplica Yuraima Piñero.
Por Florantonia Singer | EL PAÍS
Mientras ejecutivos de empresas petroleras y mineras e inversores de todo el mundo aterrizan en Caracas en busca de oportunidades económicas, en las calles venezolanas el temor a la detención arbitraria no se ha disipado. La intervención estadounidense en Venezuela ha forzado rápidas reformas para abrir el país al capital extranjero y facilitar la explotación de sus recursos naturales, pero las libertades y la garantía de derechos fundamentales siguen en un plano más secundario.
La liberación de presos políticos parece estancada desde que Delcy Rodríguez anunció hace un par de semanas que la ley de amnistía había llegado a su fin. Las reformas del sistema judicial avanzan con lentitud, y los cambios en los poderes políticos han sido limitados: los cargos clave siguen en manos de figuras afines al chavismo.
Y mientras los medios estadounidenses hacen coberturas en terreno cada vez que un funcionario de la Casa Blanca visita al país, la mayor parte de los portales informativos locales independientes sigue bloqueada digitalmente. También la red social X. Algunas televisoras nacionales han abierto, con cautela, la agenda informativa política, pero decenas de emisoras de radio siguen apagadas por disposiciones oficiales. Igualmente hay periodistas que fueron excarcelados y no recibieron la amnistía, por lo que tienen restricciones judiciales.
Al caso de Perozo se suma el de Faustino Hermoso, estudiante universitario detenido en un puesto de control en los Valles de Tuy, en las afueras de Caracas, días después de haber recibido un mensaje amenazante de un policía por un conflicto relacionado con una expareja en común. Dirigentes políticos como Williams Dávila, expreso político, y Andrés Velásquez, quien salió de la clandestinidad este año, han denunciado que están siendo seguidos y vigilados por los cuerpos de seguridad. Los casos ilustran que, aunque Venezuela cambió con la salida de Nicolás Maduro del poder, el desmantelamiento del aparato represivo —que abarca al gobierno central, las fuerzas de seguridad y los tribunales— está aún pendiente.
Hermoso es sobrino de un profesor universitario y dirigente del partido opositor Bandera Roja, una organización izquierdista crítica con la revolución bolivariana. Sus abogados intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante el Palacio de Justicia y el Tribunal Supremo, pero ninguno lo recibió, una práctica que organizaciones de derechos humanos han documentado como sistemática. “Un problema doméstico, en dictadura, se convierte en una vulneración grave a los derechos humanos. Por eso y otras razones hay miles de inocentes en las cárceles de Venezuela”, dijo su abogado, Eduardo Torres, expreso político liberado en febrero.
Carmen Navas tiene 82 años y un cartel con la foto de su hijo. Víctor Quero Navas fue interceptado por funcionarios de inteligencia militar en Caracas a inicios de 2025, y su detención estaría relacionada, según Foro Penal, la ONG que les asiste, con su paso por el servicio militar. Encerrado en la cárcel del Rodeo, donde se concentra el mayor número de presos políticos, desapareció. Navas ha recorrido calabozos, prisiones y tribunales sin respuesta. La semana pasada se reunió con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, sin resultado. Los únicos que le han dado información son compañeros de celda del Rodeo, que aseguran haberlo visto por última vez en agosto, cuando estaba delicado de salud por problemas de colon. Este lunes, la madre protestó en la Plaza Altamira de Caracas. “¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no lo dejan ver?”, se repite cada día.
Lea más en EL PAÍS