Durante los primeros 100 días de la instalación del Gobierno Interino, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU el pasado 3 de enero, los carabobeños aún no ven resultados positivos concretos, aunque las expectativas de cambio permanecen.
Por Lapatilla.com
Jhonny Angulo, coordinador vecinal de la Zona III de la parroquia Miguel Peña, al sur de Valencia, explicó que para su comunidad la realidad del país es cada vez más difícil: los servicios como el agua y la electricidad siguen siendo precarios y la calidad de vida de los vecinos se ve perjudicada.
Hizo especial énfasis en el aspecto económico, debido a que el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares desde hace cuatro años, un monto equivalente a un cuarto de dólar y que a duras penas sirve para pagar un pasaje de autobús. “Ahorita la preocupación de la gente es que los precios de los alimentos, del transporte y de todo está subiendo, pero el sueldo sigue estancado”, insistió.
Angulo aclaró que tras los acontecimientos de enero, el único aspecto positivo ha sido el reencuentro con los valencianos. “Nos mantenemos en comunicación, atentos a lo que sucede. Y nos preparamos para ver si en definitiva esto se arregla”, añadió.
A su juicio, la diferencia entre estos meses y el año pasado no se percibe como un aspecto tangible, pero sí como un fenómeno anímico, donde la ilusión de unos comicios libres y transparentes está más viva que nunca. “Estamos ansiosos para ver si hay que volver a salir a votar y coordinar las mesas. Si eso llega a pasar, estamos seguros de que María Corina Machado será la próxima presidenta de Venezuela”, opinó.
Dólar sin control
Para Williamdrys Petit, comerciante de productos de limpieza en el municipio Naguanagua, la toma de posesión de Rodríguez trajo unas breves semanas de alivio financiero para el sector. “Siempre ha existido una brecha entre el dólar oficial y el paralelo que nos perjudica, pero las primeras dos o tres semanas de enero se acortó bastante y nos permitió reponer el inventario”.
También comentó que en esos días recibió varias llamadas de clientes que habían estado inactivos desde hacía años. “Varias empresas retomaron sus operaciones, nos encargaron pedidos y nos fue muy bien”, añadió.
La sensación de que todo estaba encaminándose hacia una aparente estabilidad fue efímera, pues el Gobierno interino no pudo controlar el diferencial cambiario que volvió a ensancharse, afectando de forma significativa las ventas. “En nuestro caso es muy difícil hacer inversiones cuando los clientes pagan en bolívares, pero nuestros proveedores, en su mayoría del mercado asiático, exigen divisas”, expuso.
En ese sentido, recalcó que conseguir dólares en efectivo requiere esfuerzos titánicos. “Los comerciantes siempre estamos buscando divisas para ahorrar o resguardar algunos pagos de la inflación, pero se vieron muy pocas”.
Tampoco hubo por parte de la banca ninguna apertura crediticia. “La propia inestabilidad económica hace que ni nosotros mismos podamos otorgar líneas de financiamiento. No hay garantías, pero sí incertidumbre”, sostuvo.
Una esperanza cautelosa
Para Alejandro Brito, coordinador nacional de la ONG Red Joven Venezuela, el encarcelamiento de Maduro trajo a los venezolanos una esperanza cautelosa. “Fue como un sube y baja de emociones porque con el paso de los días, esa euforia fue disminuyendo hacia un sentimiento de precaución”.
El también relacionista público de la Universidad de Carabobo (UC) consideró que si bien los acuerdos comerciales con Estado Unidos no son visibles aún, la liberación de presos políticos y la aparente disminución de la persecución contra activistas y defensores de derechos humanos han sido una clara y notoria consecuencia positiva.
“Vemos que hay excarcelaciones y existe la oportunidad de hacer vida cívica a través de las diferentes manifestaciones en las calles, algo que era condenado y casi imposible bajo el Gobierno de Maduro. Por eso hoy es diferente, porque podemos nuevamente participar activamente en los asuntos públicos y alzar nuestra voz”, indicó.
Sin embargo, Brito aclaró que nada de eso cambia el hecho de que las personas al mando son las mismas del gobierno de Nicolás Maduro. Y eso genera desconfianza. “Hay mucha incertidumbre sobre el rumbo final de todo esto. Nos preguntamos hasta qué año llegaremos así y cuándo se harán las elecciones”.
Amnesia selectiva
Por su parte, Rosa Orozco, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), fue contundente al advertir que la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional chavista en febrero, no borra tres décadas de injusticia.
“El nuevo esquema de poder anunció la liberación de presos políticos como un gesto de pacificación, pero hay problemas claves: no se publicaron las cifras oficiales claras, no hay cronograma de liberaciones, no se explican los criterios legales y no existe reconocimiento de responsabilidad del Estado”, denunció.
De acuerdo con la información recabada por JEP, todavía hay más de 600 presos por razones políticas. Orozco precisó que permanecen 287 personas detenidas durante 2018 y 2023, período excluido en el alcance de la Ley de Amnistía aprobada sin debate técnico ni transparencia. Seguidamente se encuentran los años 2025 y 2024, con 194 y 163 víctimas, respectivamente.
A su juicio, el instrumento jurídico se presenta como justicia pero en la práctica, excluye casos recientes y deja tras las rejas a quienes siguen siendo una amenaza para el poder. “La ley de Amnistía aprobada por el Gobierno interino no es un puente hacia la reconciliación, sino un decreto de amnesia selectiva, dictado paradójicamente, por quienes ostentan el monopolio de la fuerza y la autoría de la represión”, manifestó.
Universidades en precariedad
El profesor de la UC, Carlos Ñáñez, no se atreve a tildar los cambios de superficiales. Para él, estos primeros 100 días del interinato significan la ruptura de la hegemonía impuesta anteriormente, pero con la prevalencia de un aparato represivo.
A propósito de una reciente entrevista del exministro de Trabajo, Eduardo Piñate, en un canal de televisión nacional donde se plantea la posibilidad de llevar el sueldo mínimo a 100 dólares, el también economista recordó que tan sólo la canasta alimentaria familiar supera los 600 dólares, por lo que sigue siendo una propuesta discordante.
“Habló además de bonificar los estudios de cuarto nivel en la siguiente escala: 10% especialista, 20% el magíster y 30% el doctor. Entonces, quién va a querer ganar 30 dólares más después de formarse durante cuatro años y realizar una tesis doctoral que es sumamente compleja”, inquirió.
Recordó que los centros educativos en el país continúan operando de forma irregular y destacó la necesidad de escoger nuevos representantes. “Las universidades siguen funcionando bajo la normalización del caos y la normalización de la precariedad, donde es urgente el nombramiento de nuevas autoridades rectorales, porque también se han convertido en espacios feudales”, puntualizó.
Asimismo, Ñáñez lamentó la poca preparación de los nuevos ingresos de estudiantes que no cuentan con habilidades mínimas lectoescritoras ni de análisis abstracto, debido a las deficiencias del bachillerato.
Señaló que el único cambio en el campus de Bárbula ha sido el desmalezamiento de zonas vegetales. “Prácticamente los profesores pagamos para ir a la universidad. No tenemos agua potable, baños, cubículos, biblioteca, ni internet. Tampoco tenemos acceso a una plataforma de inteligencia artificial o de investigación”.
Finalmente, el profesor coincidió con Orozco sobre la intención del Gobierno de generar una “narrativa de olvido” sobre los crímenes de Estado contra la población venezolana. “En líneas generales, en estos 100 días de interinato no hay robustez institucional, no hay separación de poderes públicos y evidentemente todo esto nos lleva a la continuidad de un modelo de gobierno que sencillamente mutó. Aquí no hubo transición, lo que hubo fue un desplazamiento de quien ejercía el poder”, puntualizó.
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