La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este lunes 16 de marzo que 22 adultos mayores permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela, una situación que —advirtió— agrava la vulnerabilidad de este grupo frente a las deficientes condiciones de reclusión.
Por: lapatilla.com
La ONG hizo la denuncia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde citó los hallazgos más recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mecanismo de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según los registros de la organización, los 22 detenidos pertenecen a un grupo etario especialmente vulnerable, lo que aumenta la preocupación sobre el impacto que las condiciones de encarcelamiento pueden tener en su integridad física.
De acuerdo con la actualización más reciente del informe de la misión de la ONU, la gestión de la salud dentro de los centros de detención continúa siendo estructuralmente deficiente.
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La ONG explicó que esta situación adquiere mayor gravedad en el caso de las personas de edad avanzada, debido a que requieren tratamientos médicos constantes, acceso a medicamentos y cuidados geriátricos especializados.
Asimismo, el informe advierte sobre la falta de información transparente sobre la situación de los detenidos, lo que impacta directamente en sus familiares.
Para los adultos mayores detenidos, esta opacidad —señaló la organización— se convierte en una barrera crítica para recibir medicamentos o atención médica, lo que transforma la privación de libertad en una sanción que excede la condena judicial.
“La detención termina convirtiéndose en un trato cruel e inhumano que ignora la fragilidad biológica de este sector”, indicó la ONG.
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Ante este panorama, Justicia, Encuentro y Perdón exhortó al chavismo a atender las recomendaciones de la misión internacional y de las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las medidas solicitadas destaca permitir una supervisión independiente y técnica de los centros de detención, así como revisar la situación de los adultos mayores encarcelados.
La organización subrayó que la permanencia de 22 personas de edad avanzada tras las rejas, bajo lo que la misión describe como una arquitectura legal restrictiva y arbitraria, requiere una revisión humanitaria inmediata que priorice medidas alternativas a la prisión.
En este sentido, recordó que el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela establece en su artículo 231 que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años, salvo en circunstancias excepcionales.
La ONG insistió en que la aplicación de medidas sustitutivas de libertad para este grupo es urgente, con el fin de proteger su vida y su salud.
