Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha archivado las pesquisas abiertas al empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, dueño de la marca de gafas de sol Hawkers, al que se investigaba por su supuesta implicación en una red de blanqueo vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El juez concluye que no ha quedado acreditada la “perpetración de delito alguno”, según consta en una resolución dictada este miércoles, a la que tuvo acceso EL PAÍS, con la que se da carpetazo a un procedimiento que llevó al arresto de Betancourt en Londres.
Por elpais.com
El juez Pedraz abrió esta investigación en 2025, tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra seis ciudadanos venezolanos —entre los que se encontraba Betancourt—, a los que situaba en una trama de blanqueo de capitales. El ministerio público sostiene que existen indicios de que los sospechosos introdujeron dinero en este país europeo procedente “de un fraude” de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) derivado de un “supuesto préstamo que se firmó en marzo de 2012 por parte de PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic”. Las pesquisas de la acusación, que tienen su origen en una información procedente de Suiza, se centraban en operaciones de compra de acciones, adquisición de inmuebles de alto valor y apertura de empresas.
Además del propietario de Hawkers, la denuncia de la Fiscalía se dirigió contra su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario venezolano Francisco Convit y otras tres personas (Ana Graciela Convit, Graciela Guruceaga y Lilia-Cristina López). A los principales investigados se les vincula con los bolichicos, un grupo de empresarios de Venezuela que consiguió amasar una fortuna en la era dorada del chavismo. El ministerio público también hacía hincapié en que se pagaron “sobornos” a funcionarios venezolanos para ejecutar el fraude.
Sin embargo, el instructor Pedraz ha dado carpetazo al procedimiento después de que lo solicitaran varias defensas. El magistrado explica que los tribunales venezolanos ya investigaron y enjuiciaron el supuesto fraude de PDVSA a través de ese préstamo de la sociedad Administradora Atlantic; y “concluyeron que no había delito”. Por tanto, según remacha el juez, “si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada, no puede existir delito de blanqueo de capitales”.
El instructor recuerda al respecto: “La justicia venezolana es la competente para investigar y enjuiciar los delitos que cometen sus ciudadanos en su territorio. Y, visto que en el presente caso ha determinado que el préstamo […] es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito, la resolución dictada al efecto tiene eficacia jurídica internacional, máxime a la vista del convenio [firmado] entre España y Venezuela sobre ejecución de sentencias penales de 1994”.
El juez descarta igualmente los delitos fiscales que el ministerio público puso sobre la mesa por, según su tesis, “ocultar desde 2017? unos fondos que debió tributar. “No deja de ser sino una alegación genérica (sin una concreta base fáctica)”, incide el magistrado Pedraz, que apunta que la Fiscalía no señala “qué elusión de impuestos se hubiera cometido” o “por qué debiera tributar en España”.