El Gobierno de México confirmó este viernes que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la vez que presentó los avances derivados de la revisión y depuración del sistema.
“De 2006 a la fecha hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas.”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La funcionaria detalló que, de 1952 a 2026 se tiene un registro de 394.645 personas desaparecidas, de las cuales 262.111fueron localizadas, es decir, el 66 %, y de ellas el 92 % fueron encontradas con vida.
Además, explicó que los registros desde 2006 suman 130.178 casos, divididos en tres grupos según la información disponible.
El primer grupo, dijo, «corresponde a 46.742, el 36% del total que no tienen datos completos», lo que dificulta su búsqueda.
El segundo son 40.308 casos (31 %) con datos suficientes y «actividades posteriores a la fecha de su desaparición», incluyendo matrimonios, trámites civiles y registros en el INE. Informó además que, gracias a los nuevos mecanismos, «ya fueron ubicadas 5.269 personas» mediante verificación directa.
El tercer grupo incluye «43.128 casos, el 33% del total», con datos completos pero sin actividad reciente identificada. En este último grupo, sólo 3.869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26.000 son simples reportes sin indagatoria formal.
Por otra parte, detalló que, de octubre de 2024 hasta marzo de 2026, se han localizado 31.946 personas con reporte de desaparición.
Delito con dos etapas históricas
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, subrayó recordó que este delito tiene dos etapas históricas: la “guerra sucia”, vinculada a desaparición forzada desde el Estado entre los años 1950 y 1990, y la ola iniciada en 2006 con la “irresponsable guerra contra el narco”.
El funcionario destacó que, en 2025, tras hallazgos en el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento forzado, se ordenó fortalecer las capacidades de búsqueda y reformar las leyes en coordinación con colectivos.
En julio de ese año se publicaron reformas que establecen la alerta nacional de búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de herramientas como la plataforma única de identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que, al recibirse un reporte, «se establece una alerta con todos los datos de la persona, que es distribuida de forma masiva e instantánea» a más de 500 instituciones.
Además, enfatizó que «es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación» y detalló la creación de unidades especializadas, la base nacional de carpetas y la plataforma única de identidad.
El gobierno federal señaló que las nuevas reformas legales obligan a contar con datos mínimos de identidad desde el primer reporte, así como la apertura inmediata de carpetas de investigación, con el objetivo de dar mayor certeza a las familias.
EFE