Mi esposa, profesora universitaria con 32 años de servicio en el área de las matemáticas y con doctorado en ciencias de la ingeniería, tiene poco más de 3 años esperando que le cancelen su jubilación. Con su suspicaz postura racionalista no espera ningún cambio para que el Estado venezolano, casi inexistente, le cancele lo que en derecho le corresponde.
-Porque, además, me dice, esta gente es ‘reincidentemente mentirosa’ y siempre tienen una excusa para mantenernos en la indigencia. Pero yo, aunque obviamente no me alegro por los recientes aumentos salariales, veo cómo progresivamente el panorama sociopolítico y económico va cambiando. Y este cambio está ocurriendo a pesar de quienes están en el poder.
Desde que ocurrió el ‘chancletazo’ contra Maduro el país despertó de una pesadilla que parecía no tener fin. Comenzó una leve confianza ciudadana en la posible transformación nacional. La sensación en el ambiente de que algo comenzó a cambiar se ha hecho realidad en algunos cambios (inconclusos, insuficientes) pero cambios, al fin y al cabo. De un día para otro es imposible esperar verdaderas transformaciones, sobre todo en las áreas estratégicas del país: la seguridad nacional (militar/policial) por ejemplo. Indico esto como punto básico porque Venezuela ha sido tradicionalmente una nación guiada por décadas por la ‘bota militar’ y esto ha generado una cultura militarista, autocrática y totalitaria en la vida política nacional. Por lo tanto, el principal partido político venezolano es la institución militar. Toda decisión política de Estado, todo cambio real ha tenido que pasar y tendrá que pasar primero por decisiones en la ‘alcabala’ militar. Esto indica que la nueva realidad venezolana debe acentuar en la institución militar la educación hacia su profesionalización con visión de ‘civilidad’, construir ciudadanía nacional. Devolver a los militares a sus cuarteles será una de las grandes decisiones de Estado y para ello habrá que acudir a la ‘fuerza militar’ que recientemente se arriesgó para que comenzarán los cambios que se están observando. Pero también es urgente regresar a los políticos a sus espacios naturales: la Asamblea Nacional, curules municipales y sus partidos políticos; y también profesionalizar en la ciencia política a tanto ‘aprendiz’ político improvisado. Porque el hacer político es cosa seria y de alta responsabilidad, ética y moral. El político es un individuo que modela conductas, es la imagen pública del Estado.
Después está todo lo demás. Esto es: el país está todo por hacer. Dentro de este desastre lo mejor es la oportunidad que se tiene para la construcción de un verdadero Estado republicano moderno, funcional y adecuado a los tiempos que vivimos. Para comenzar, es prioritario reducir a su mínima expresión el tamaño del Estado. En la actualidad existen cerca de 33 ministerios, muchos de ellos con funciones similares, duplicidad de actividades y con una carga burocrática de vice ministerios y direcciones generales que atomizan y atrofian la dinámica administrativa. En comparación, Estados Unidos tiene 15 ministerios; Alemania entre 14-15; Reino Unido, 20; Canadá posee entre 15-20; Australia, entre 14-16. En cuanto a institutos autónomos la cantidad sobrepasa los 100. De estos, gran parte carece en la práctica de verdadera autonomía y con dudosos resultados verificables por contraloría. Por otra parte, el país tiene 335 alcaldías que corresponden a similares municipios, varios de ellos creados de manera artificiosa y sin atender razones históricas ni político-administrativas. Igualmente, en la conformación de la Asamblea Nacional, en la actualidad está conformada por 285 diputados, varios de ellos en representación de zonas geográficas que bien pudieran prescindirse o fusionarse. En referencia a los Consejos Legislativos estos no representan ningún interés dado que en la práctica el Estado, teóricamente federal y descentralizado, se encuentra centralizado y controlado desde el poder Ejecutivo. Los 24 consejos legislativos, junto con todos sus diputados regionales, suplentes y demás personal administrativo y de servicios, solo son un estorbo financiero para el Estado. Por su parte, entre Misiones y Grandes Misiones, el Estado posee entre 25-26 misiones, la gran mayoría creadas por razones meramente político-partidistas. Por otra parte, también es necesario el control del Alma Mater; la existencia de universidades con disciplinas que atienden demandas similares en las mismas zonas geográficas. Lo observamos en la Guayana; semejante territorio cuya vastedad cercana a los 300 mil kilómetros cuadrados y de difícil topografía implica la necesidad de juntar esfuerzos. Muy bien podría unificarse en una sola universidad pública, con la consecuente reducción de personal jerárquico y ahorro significativo en las demás áreas. En lo que respecta a la institución militar, esta se compone en la actualidad por un generalato que oscila entre 2000 a 2200 generales, entre generales de brigada, de división, mayor general, contralmirantes, almirantes. Para comparaciones, tenemos que en Chile el ejército está integrado por cerca de 90-130 generales; México, entre 500-600; Colombia, entre 160-200; Argentina, entre 80-120; Estados Unidos, entre 900-1000 generales. Reducir el Estado eliminando gran parte de estas y otras áreas traería como consecuencia, no tanto la eliminación de instancias innecesarias, también personal que se reubicaría/eliminaría y con ello, se haría más eficiente la dinámica burocrática. Agregaríamos a ello, la automatización de cientos de actividades administrativas que ahorrarían en la erogación de las finanzas del Estado.
Por otra parte, este nuevo Estado tiene, necesariamente que confiar en la actividad económica privada y ver en ello la ayuda imperativa para que el ciudadano invierta y crezca de manera libre y con respaldo de leyes y demás instrumentos legales para afianzar una real tradición de bienes y servicios privados. El país que nace es una nación con una generación de ciudadanos que ya no ven en el empleo público ni en la industria petrolera, la única vía para salir adelante. El suelo venezolano posee, además de la actividad petrolera, la industria del gas, de la petroquímica y sus derivados, la agricultura con el desarrollo de rubros tradicionales, como el cacao y el café verde y sus derivados, frijol, coco, tabaco, sarrapia, así como otros rubros: algas marinas deshidratadas, pulpo; la industria siderúrgica con su producción de acero primario, la industria del oro, aluminio, así como la explotación de materiales estratégicos; la industria automotriz y del turismo. Muchas de estas industrias con sus vínculos en las empresas de procesamientos para darle valor agregado hasta generar una industrialización que transforme el rostro empresarial nacional y construya una verdadera nación productiva, eficaz y eficiente. Como complemento a todo ello, el reciente hallazgo de la mina de casiterita (estaño) más grande del mundo, en el estado Bolívar, agrega valor estratégico al desarrollo tecnológico nacional. Este hallazgo cambia por completo el dominio del valor de este mineral estratégico (el dominio de su valor internacional lo tiene actualmente Perú) a favor del Estado venezolano.
¿El país cuenta en la actualidad con el personal profesional capacitado para asumir semejante reto? En primer lugar, cerca de 25 a 30 mil profesionales universitarios jubilados están en capacidad productiva para asumir la emergencia nacional en los primeros dos años. Solo la Universidad Central de Venezuela posee cerca de 3800 profesores jubilados, con poco más de 30 años de experiencia, en promedio, y con títulos de maestría y doctorados en todas las áreas técnicas de primer nivel. Después vendría el contingente de especialistas que se encuentran, tanto dentro como fuera del país. Toda esa población de profesionales venezolanos que han adquirido experiencia en países del llamado primer mundo y transitado en corporaciones mundiales, muy probablemente estarían dispuestos a retornar para servir como agentes transformadores del nuevo rostro de la Venezuela productiva del siglo XXI. Pero todo cambio significativo y verdadero pasa por el control estricto de los dineros públicos. Por lo tanto, el cambio de paradigma es ético, moral y de imposición de los valores y principios de la tradición cultural venezolana: controles previos, controles posteriores y regreso de las contralorías internas en todos los entes públicos. El dinero público, cuando se controla y elimina la corrupción, rinde para cancelar sueldos al trabajador, para cancelar las deudas adquiridas legalmente por el Estado y para ahorrar y atender emergencias e imprevistos.
Esta será la verdadera revolución del siglo XXI: la revolución de la decencia y del trabajo productivo.
(*) camilodeasis@gmail.com X @camilodeasis IG @camilodeasis1
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