La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este jueves que la finalización de la Ley de Amnistía en Venezuela deja en una situación de vulnerabilidad a los presos políticos, al considerar que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos.
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A través de una publicación en su cuenta de X, la organización calificó el anuncio como un “grave atropello al Estado de derecho”, al sostener que una normativa de este tipo no puede ser limitada por una decisión administrativa del chavismo.
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Según JEP, la vigencia de la ley está ligada a la existencia de casos de persecución y detenciones arbitrarias, por lo que su cierre unilateral genera inseguridad jurídica y afecta directamente a las víctimas.
“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, expresó la ONG.
La organización advirtió que esta decisión envía además una señal preocupante al sistema judicial, al sugerir de facto a los tribunales desestimar solicitudes de libertad basadas en una premisa que —según indicó— no existe en el ordenamiento jurídico.
Asimismo, señaló que la medida es discriminatoria y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, al limitar derechos previamente reconocidos y profundizar la impunidad.
El pronunciamiento se produce luego de que Delcy Rodríguez anunciara durante una transmisión el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2026 como un mecanismo para la liberación de presos políticos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que su implementación fue limitada y excluyó a numerosos casos.
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