El Grupo Orinoco para el Desarrollo Sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (Svimm) expresaron su preocupación por la nueva Ley Orgánica de Minas aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 9 de abril de 2026, al considerar que podría profundizar los impactos socioambientales asociados al Arco Minero del Orinoco y abrir paso a una “apertura minera” sin garantías institucionales suficientes.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que la legislación vigente ignora derechos de las comunidades indígenas, mantiene una amplia discrecionalidad del Ejecutivo en decisiones clave para la actividad minera y conserva mecanismos burocráticos que, a su juicio, favorecen la opacidad y posibles actos de corrupción.
Asimismo, advirtieron que la ley no incorpora estándares internacionales reconocidos para la gestión socioambiental minera y alertaron que la experiencia del Arco Minero del Orinoco podría reproducirse o expandirse a otras regiones del país. En ese sentido, recordaron que dicho proyecto ha sido señalado por provocar graves daños ambientales, contaminación de ríos, destrucción de bosques y afectaciones a comunidades indígenas.
Las organizaciones también cuestionaron la permanencia de una fuerte intervención estatal en las operaciones mineras y afirmaron que los procedimientos administrativos contemplados en la norma son poco expeditos y desincentivan el desarrollo de una minería moderna y transparente.
Por ello, el Grupo Orinoco y la Svimm solicitaron la derogación de la Ley Orgánica de Minas y propusieron la elaboración de un nuevo instrumento jurídico con participación de expertos y consultas públicas amplias, basado en criterios de desarrollo sostenible, transparencia institucional y protección ambiental.
Este es el pronunciamiento del Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica
El Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (SVIMM), conscientes, como todo el país, del negativo saldo socioambiental que ha arrojado el llamado Arco Minero del Orinoco que el Estado ha promovido desde la pasada década; y habiendo analizado el contenido de la Ley Orgánica de Minas (LOM) aprobada por la Asamblea Nacional el 09-04-2026, expresan su preocupación ante el riesgo de que el país instrumente hoy, de manera inadecuada, una “apertura minera”, y en función de ello emiten el presente pronunciamiento.
La actividad minera ha sido consustancial con la historia venezolana, contribuyendo a nuestro crecimiento económico desde la Colonia hasta la era republicana. El procesamiento industrial del hierro y la bauxita en el polo de Guayana fue el más exitoso esfuerzo de diversificación económica del siglo XX, el cual desafió la cuasi exclusividad de los hidrocarburos en nuestro comercio internacional.
Ante la actual crisis económica, un resurgir de la actividad minera que atraiga cuantiosas inversiones privadas, nacionales y foráneas, pudiese contribuir a dar inicio a un nuevo estilo de desarrollo, exento de los vicios de los esquemas rentistas y extractivistas, siempre que se canalice con una visión de desarrollo y dentro de una institucionalidad apropiada, con procedimientos actualizados y cumpliendo exigentes estándares internacionales en materia económica, social y ambiental.
Está viva en la conciencia de Venezuela la agresión socio ambiental más severa de su historia como país, la generada por el Proyecto del Arco Minero del Orinoco, asentado en el 10% del territorio nacional. Una iniciativa que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas, ha destruido irreversiblemente suelos y bosques prístinos en las cuencas con mayor potencial hidroenergético del país, ha contaminado numerosas corrientes fluviales con metales pesados, ha permitido la intervención destructiva de áreas de parques nacionales, y ha promovido una anarquía y una opacidad institucional que son propiciatorias de violencia y corrupción, al punto en que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional son frecuentemente denunciados por atropellos y actos de corrupción, mientras el país ignora la cuantía y las clases de minerales extraídos y el destino de los proventos generados. Todo ello alejado de los principios científicos y económicos de la actividad e industria minera extractiva de minerales.
Promovida por el Estado con irreflexiva y exigua visión de desarrollo e inapropiada institucionalidad, la experiencia focalizada del Arco Minero del Orinoco podría reproducirse, o expandirse a otras áreas geográficas y otros recursos, ampliada en dimensión, en la anunciada “Apertura Minera”, bajo la vigencia de la nueva Ley Orgánica de Minas, de cuyo análisis objetivo resultan conclusiones que pueden sintetizarse en tres razones muy relevantes para cuestionar su constitucionalidad y efectividad, solicitar su derogación y sugerir que se convoque un grupo de expertos que contribuya a formular un nuevo proyecto apegado a una visión de desarrollo sostenible que provea una apropiada base institucional para la actividad minera en el ámbito correspondiente a un estado democrático:
• La Ley ignora los derechos de las minorías indígenas, la participación empresarial privada y mantiene una amplia discrecionalidad del Ejecutivo para la toma de decisiones en asuntos críticos para las empresas mineras, las cuales esperarían contar con marcos jurídicos seguros y blindados ante la corrupción administrativa; la Ley crea una estructura innecesariamente compleja y altamente burocrática que no ayuda a la eficiencia y transparencia de los procesos productivos ni a los de regulación y supervisión por el Estado. Igualmente mantiene una insana intervención estatal en las operaciones mineras.
• Existen en la Ley procedimientos administrativos poco expeditos, disuasivos de la minería moderna y potencialmente propiciatorios de actos de corrupción, los cuales rigidizan a una ley Orgánica. Una vez aligerados, esos procedimientos podrían ser desarrollados por normas reglamentarias, lo que los haría modificables en el tiempo con base a la experiencia.
• De manera insólita, la Ley no establece los estándares internacionales reconocidos como pauta para la auténtica gestión socioambiental minera.
Por todas las razones expuestas, el Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero-Metalúrgica, abogan por la derogatoria de la Ley Orgánica de Minas vigente y por acometer la elaboración de un nuevo instrumento con la asesoría de expertos reconocidos y un amplio régimen de consultas públicas.
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