El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “grave preocupación” por la desaparición forzada y posterior muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas. El organismo internacional instó al Estado venezolano a que se realice una investigación “pronta, independiente e imparcial” sobre el caso.
“La desaparición del señor Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Dicha investigación debe incluir la realización de pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el grupo en un comunicado difundido el 11 de mayo en su página web.
El Grupo de Trabajo indicó que, según la información recibida, los familiares de Quero Navas acudieron de manera reiterada ante distintas autoridades venezolanas desde su detención, en enero de 2025, para solicitar información sobre su paradero. Sin embargo, recordaron, no obtuvieron respuestas ni acceso a comunicación con él.
Asimismo, recordó que el caso fue transmitido al gobierno venezolano el 31 de marzo de 2025 en el contexto de su mandato humanitario, aunque hasta la fecha no han recibido respuesta oficial por parte de las autoridades.
El organismo también se refirió al comunicado emitido el 7 de mayo de 2026 por autoridades venezolanas, en el que se informó que Quero Navas había sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En ese documento, el Estado aseguró que no se habían registrado visitas ni identificado familiares del detenido, pese a que sus allegados mantenían una campaña pública para localizarlo.
Según el mismo comunicado, Quero Navas habría sido trasladado el 15 de julio de 2025 al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde posteriormente falleció por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
El Grupo de Trabajo cuestionó que las autoridades venezolanas no hubieran informado antes a la familia sobre estos hechos.“Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre de Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público”, señalaron los expertos.
Contradicciones sobre el caso
La instancia de la ONU indicó además que posee un “Acta de Comparecencia” de la Defensoría Pública venezolana, con fecha del 24 de octubre de 2025, en la que se informaba a la familia que Quero Navas se encontraba en Rodeo I. No obstante, sus allegados no pudieron confirmar el paradero debido a la negativa de los custodios del penal y tampoco fueron informados sobre su muerte.
Para el Grupo de Trabajo, las contradicciones entre el documento de octubre de 2025 y la versión oficial difundida recientemente “requieren ser esclarecidas”, especialmente respecto a la fecha real del fallecimiento.
“También preocupa en esta situación la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía”, agregaron. (El caso) ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida”, expresaron.
El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar “el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas”.
45 ONG venezolanas piden una investigación
Un grupo de 45 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela exigió este lunes 11 de mayo la conformación de una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer los hechos sobre la muerte del preso político Víctor Quero Navas.
“Dicha comisión debería contar con participación de expertos internacionales independientes y acompañamiento de mecanismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos”, señalaron las organizaciones en un comunicado difundido por la ONG Laboratorio de Paz.
Las entidades indicaron que la comisión debe estar integrada por expertos en investigación de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Asimismo, solicitaron la presencia de peritos forenses internacionales para garantizar la credibilidad y confianza pública en el proceso, ante la falta de garantías de imparcialidad en las instituciones nacionales.
A juicio de las organizaciones, la actuación de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo ha estado marcada por la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Las ONG insistieron en que cualquier indagatoria debe realizarse bajo estándares internacionales, incluyendo el Protocolo de Minnesota para muertes potencialmente ilícitas y el Protocolo de Estambul contra la tortura.
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